Garantizar la vida y los derechos de las mujeres es urgente. En nuestro país, cada año se practican alrededor de medio millón de interrupciones a embarazos no deseados. Mujeres de diferentes credos y no creyentes en la misma proporción, recurren a esta práctica, incluyendo también – por supuesto – a las mujeres católicas, quienes abortan a pesar de la condena de la jerarquía y las amenazas de excomunión. Partimos de esta realidad para pensarnos, para reflexionar acerca de la relevancia que adquieren los juicios morales y religiosos sobre la vida, la salud y la integridad de millones de personas.
Pensar la vida se impone, pensar los derechos también. La creciente criminalización de mujeres por problemas obstétricos, la mirada punitiva con la que muchxs médicxs abordan su práctica profesional, hace del aborto legal una necesidad urgente para garantizar los derechos a una vida libre de violencia, a la integridad física y psíquica de miles de mujeres y el acceso efectivo a sus derechos sexuales y reproductivos. No en vano decimos y sostenemos que el aborto es una deuda de la democracia. El caso de Belén en Tucumán, condenada a 8 años de cárcel tras un aborto espontáneo; y el caso de Juana en Salta, cuyos derechos fueron negados por la desidia médica y judicial luego de un embarazo producto de una violación, son dos historias que retratan la crueldad y el abandono de un Estado que se niega a ver, que persiste en condenar a las mujeres a la clandestinidad. No queremos más presas por aborto, ni aceptaremos este orden de cosas que establece la sospecha sobre quienes buscan atención en el sistema de salud.
Este año, un nuevo proyecto de ley fue presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. El mismo cuenta con el aval de más de 40 diputados y diputadas de todo el arco político. Exigimos su inmediato tratamiento y la apertura al debate hasta su aprobación. No se puede legislar desde las personales creencias religiosas, ni pretendiendo agradar a sectores conservadores. Necesitamos un estado plenamente laico que reconozca nuestro derecho a decidir y sea capaz de escuchar la diversidad de posturas propias de un estado plural. No queremos más abortos inseguros en nuestro país. Como mujeres católicas y feministas, refrendamos nuestro derecho a la libertad y a la libre elección sobre nuestros cuerpos; reafirmando, ante todo, nuestro compromiso inquebrantable con la vida de miles de mujeres que cotidianamente – y a pesar de todo – deciden su camino.

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