Informe del Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental
Las/os abajo firmantes integrantes de la ALIANZA NACIONAL DE ABOGAD@S POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES y otras organizaciones celebramos el Informe del Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos, sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, de conformidad con las resoluciones 15/22 y 6/29 del Consejo de Derechos Humanos.
El 3 de agosto de este año, el Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos, Anand Grover, emitió un informe que examina la tipificación como delito de determinados servicios de salud sexual y reproductiva y sus consecuencias para el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Particularmente, estudia el impacto negativo sobre la atención de la salud —incluido el acceso a bienes, servicios e información— y sobre las libertades y la dignidad de las personas afectadas, especialmente las mujeres, que tienen las leyes penales y restricciones jurídicas de otra índole para regular el aborto, la conducta durante el embarazo, la educación sexual y reproductiva y los métodos anticonceptivos y de planificación de la familia.
Quienes integramos la ALIANZA NACIONAL DE ABOGAD@S POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES y otras organizaciones entendemos que es fundamental resaltar, frente a la próxima discusión respecto a la despenalización y legalización del aborto que se llevará a cabo en la Comisión de Derecho Penal del Congreso de la Nación el próximo 1 de noviembre, el hecho de que mantener la penalización del aborto en nuestro país significa una violación a los DDHH de las mujeres que debe ser inmediatamente removida.
En su informe, el Relator apunta que la aplicación de algunas leyes penales y otras restricciones jurídicas que impiden o dificultan el acceso a determinados bienes de salud sexual y reproductiva, como los métodos anticonceptivos, prohibir directamente un servicio determinado, como el aborto, o prohibir el suministro de información sexual y reproductiva mediante programas educativos escolares o por otros medios, constituyen una forma injustificable de coerción sancionada por el Estado y una violación del derecho a la salud, a la autonomía, a la dignidad humana y a la igualdad de las mujeres.
El Relator afirma que estas disposiciones afectan particularmente a las mujeres que desean abortar o utilizar métodos anticonceptivos, dada la fisiología de la reproducción humana y el contexto social, jurídico y económico en que se encuadran la sexualidad, la fertilidad, el embarazo y la paternidad, muy condicionado por el género y los estereotipos que se basan en la convicción de que la libertad de la mujer, especialmente en lo que respecta a su identidad sexual, debe reducirse y controlarse. El informe afirma que la penalización y su consecuente estigma refuerzan la relación de causalidad entre los estereotipos de género, la discriminación y la marginalización de las mujeres y las niñas y su disfrute del derecho a la salud sexual y reproductiva.
Además, menciona que las restricciones también afectan a amigos/as o familiares que ayudan a las mujeres que desean abortar; profesionales que practican abortos; docentes que imparten educación sexual; farmacéuticos/as que suministran métodos anticonceptivos; empleados/as de instituciones establecidas para prestar servicios de planificación de la familia; activistas de derechos humanos que defienden el derecho a la salud sexual y reproductiva; y adolescentes que desean tener acceso a métodos anticonceptivos para mantener relaciones sexuales consentidas.
El relator también señala que la legislación restrictiva carece de eficacia como intervención en el ámbito de la salud pública, mientras que la «moralidad pública» no puede esgrimirse como pretexto para promulgar o aplicar leyes que puedan dar pie a violaciones de los derechos humanos. Por ello, la aplicación de esas leyes debe reconsiderarse inmediatamente, y que su eliminación no debe ser progresiva ya que no constituye una carga pesada desde el punto de vista de los recursos, ni siquiera de minimis.
Finalmente, el informe sostiene que los Estados deben llevar a cabo reformas encaminadas a desarrollar y aplicar políticas y programas relacionados con la salud sexual y reproductiva, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. En este contexto, exhorta a los Estados a llevar adelante numerosas acciones entre las que se destacan:
– Elaborar políticas y programas amplios de planificación de la familia que proporcionen una amplia gama de bienes, servicios e información en relación con los métodos anticonceptivos y que estén disponibles y sean accesibles y de calidad;
– Despenalizar el aborto y derogar las leyes conexas, como las relativas a la facilitación del aborto;
– Como medida provisional, considerar la posibilidad de que las autoridades competentes formulen políticas y protocolos que impongan una moratoria a la aplicación de las leyes penales relativas al aborto, incluida la obligación jurídica impuesta a los profesionales de la salud de denunciar a las mujeres a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.
Los/as abajo firmantes consideramos que el informe del Relator Especial contiene exhortaciones claras para los Estados, quienes deberían modificar y adecuar sus políticas pública y su legislación a dichas directrices. Asimismo, el informe constituye una herramienta importante de incidencia para las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos reproductivos y sexuales, con recomendaciones claras para requerir al Estado medidas urgentes para la protección de los derechos humanos de las mujeres. Consideramos esencial que el informe se circule para que los gobiernos lo conozcan, y ajusten sus normativas conforme las recomendaciones del Relator.
El informe está disponible online en:
http://www.sxpolitics.org/wp-content/uploads/2011/09/report_ingles_grover.pdf
Adhieren:
ADC – Asociación por los Derechos Civiles; Asociación Civil El Amanecer; Asoc. Civil Tramas; Area Queer NOA; Católicas por el Derecho a Decidir; CeDHNOA -Centro de Derechos Humanos del NOA; Centro de la Mujer Peruana Flora Tristan; CELS – Centro de Estudios Legales y Sociales; Cladem Argentina; Colectivo Elsa Torres; Comissao de cidadania e reprodução – Universidad Estadual de Campinas (Brasil); CoNDeRS – Consorcio Nacional por los Derechos Reproductivos y Sexuales; Crisálida Biblioteca Popular de Género, Diversidad Afectivo Sexual y Derechos Humanos; Crisálida Tucumán; Derecho en Movimiento (Santa Fe); ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género; Federación LGBT; Foro por los Derechos Reproductivos Buenos Aires; Gestos HIV+ Comunicación y Género; Infinitas; ILGA LAC; LACCASO; Las unas y las otras; Las Safinas Reflexión – Acción Lésbica; LesWarmi; Mujeres Autoconvocadas Rosario; Multisectorial de Mujeres de Santa Fe; MYSU – Mujer y Salud en Uruguay; Red de Mujeres de Bariloche; Red PAR – Periodistas de Argentina en Red por una comunicación no sexista; Rede Feminista de Saude Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos (Brasil); Adriana Jiménez Patlán IFE JMPTAL72022509M100 – Ddeser Red
por los derechos sexuales y reproductivos en México.
Agustín Martínez DNI 26.408.690; Agustina Ramón Michel DNI 29.639.836 – Becaria Conicet/CEDES; Alejandra Perez Scalzi DNI 16.905.997, Alicia de Santos DNI 4.621.720 – CEDES; Analía Aucía DNI 17.826.607 – CLADEM; Analía Ayuso. DNI 26.407.968; Andrea Grün DNI 16.492.130; Andrea Palopoli DNI 29.462.159; Andrea Pochak Dni 23.372.644; Andrea Shon DNI. 13.232.452 – Médica pediatra; Ángela González Aguirre DNI 10.543.763 – Docente ECI; Araceli Maccari DNI 26.712.711; Beatriz María Cravero DNI 11.862.734; Carlos Adrián Garaventa DNI 32.737.856 – UBA; Carlos Wladimir Gómez Cárdenas DNI 94.272.173- Docente UNSAM/CONICET.; Carolina O’Donnell DNI 13.213.389 – Ministerio de Salud de la Nación; Catalina De Elía DNI 30.595.712; Cecilia Augsburger DNI 16.249.511 – Investigadora UNR; Cecilia Marcela Hopp DNI 31.660.346; Cecilia Tamer, DNI 28.048.931 – PRADE; Celeste Novelli DNI 34.381.602 – UBA; Cinthya Leonor Soich DNI 32.033.357; Cinthia Maria Belbussi DNI 26.280.431 – Fundación El Otro; Claudia Goldsman DNI 12.588.584; Claudia Valeria Gauchat DNI 25.869.784; Clori Yelicic DNI 4.536.037 – Secretaria Nacional de la Mujer Partido Socialista; Daniel Jones DNI 26.889.017 – Investigador CONICET/Instituto Gino Germani UBA; Damián Alberto Puche, DNI 26.697.623; Darío Edgardo Gómez DNI 14.799.337 Delegado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el Chaco; Diana Cabral DNI :32.878.515 – Federación Universitaria Argentina; Diana Inés Guelman D.N.I. 6.276.365 – Médica pediatra; Diana Maffía DNI 11.026.922 – Diputada de la Ciudad de Buenos Aires; Dora Barrancos DNI 3 871 520 – CONICET; Edurné Cárdenas DNI 27.962.684; Eduardo Gabriel Rivarola DNI 25.858.686; Elinor Bisig DNI 10.589.447 – UNC CONICET; Elsa Schvartzman DNI 6 497 022 – Foro por los Derechos Reproductivos; Emelina Alonso DNI 28.504.037; Ezequiel Etchenique DNI 33.516.298; Fabio Nuñez DNI. 17.137.093 – CIAS; Federico Daniel Orlando DNI 30.978.713 – Docente UBA-Derecho; Fernanda Bonet DNI 13.075.327 – UBA/ Ministerio de Salud de la Nación; Gabriela Robledo Achaval DNI 24.356.030 – investigadora UNC.; Gabriela Luchetti DNI 11.845.972 – Jefa de servicio de Ginecología Hospital Provincial Neuquén; Gardenia Vidal DNI 10.178.543 – Docente Escuela de Historia, Facultad de Filosofía y Humandiades, UN Córdoba; Georgina Binstock DNI 17.546.536 – CENEP/CONICET; Gloria Orrego Hoyos DNI 93.946.383 – ELA; Graciela Asunción Puche DNI 31.653.813; Graciela Laplacette DNI 4.753.682 – CIAS; Graciela Soler DNI 16.168.956; Gustavo Diaz Fernandez DNI 24.409.359 – Crisálida; Hugo Rey DNI 7.762.902; Inés Fermoso DNI 13.403.727; Inés Jaureguiberry DNI 27.791.573; Ivana Soledad Puche DNI 28.236.417; Jaqueline Vassallo. DNI 24.123.739 – UNC- CONICET; Joege A. Mosquera DNI: 10.122.733 – RE-GENERAR Colectivo contra la Violencia Machista; José Manuel Morán Faúndes DNI 94.451.535; Josefina Durán DNI 30.183.888 – ELA; Juan Iosa DNI 24.770.458 – CONICET/UNC; Juan Marco Vaggione DNI 17.159.390; Juana Mariasch DNI 35.272.463; Laura Beatriz Valdemarca DNI 16.502.246 – Docente UNC; Laura Ester Pacheco DNI 25.432.024; Laura Golbert DNI.4.878.330 – CEDES; Laura Julieta Casas DNI 22.264.128; Laura Judith Sánchez. DNI 29.712.561 – Becaria CONICET; Laurana Malacalza DNI.22.216.948; Leticia Kabusacki DNI 16.745.116 – ELA; Leticia Valle Lisboa, DNI 28.397.803; Liliana Vignau – DNI 9.991.343; Lourdes Bascary DNI 26.246.280; Lucas Arrimada DNI 29.331.132 – Profesor/Investigador UBA; Lucia García Itzigsohn DNI 24.040.686 – Periodista; Lucía Martelotte DNI: 31.028.620 – ELA; Luciana Angeramo DNI33.684.277 – Estudiante de Trabajo Social UNER.; Luciana Soledad Corniglia DNI 30.059.078; Lucila Puyol DNI 18.361.019; Lucila Szwarc 31.407.681 – CEDES; Lucrecia Aranda DNI 17 462 449 – Diputada Provincial de Santa Fe; Luján Nazar DNI 27.776.882; Mabel Bianco DNI 3.980.541 – Presidenta de FEIM; Magdalena Campero DNI 25.127.782 – Cedem Centro de la Mujer de San Fernando; Marcelo Alegre DNI 17.364.067 – Profesor Derecho y Filosofía UBA; Margarita R. Nicoliche DNI 13.109.609 – Presidenta CESPPEDH; María Alicia Noli DNI 10.218.723 – Profesora de DDHH UNT/Jueza del Tribunal Oral Federal de Tucumán; M. Angélica Peñas Defago, DNI 28.450.957; María Belén Herrero DNI 28.890.706 – CEDES; María Carlina Comaleras DNI 14.604.036 – CONDERS; María Celeste García DNI 31.942.559 – UNC; María Cristina Erbaro DNI 6.676.484 – Docente UBA; María Eugenia Martínez Prado DNI 20.786.471 – Docente Secundaria y Psicóloga; Ma. Eugenia Romero Contreras IFE RMCNEG58071109M100 – Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia; M. Gabriela Durán DNI 14.292.460 – Directora Dpto. de Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología F.C.E.F./UNC; María Isabel Cabanne DNI 11.964.166; María Leonor Moyano DNI 6.408.476 – Liceo Agrícola y Enológico UNCUYO MZA; María Paula Krichevsky DNI 30.449.941 – ELA; María Silvia Corbalán DNI 25.709.267; María Silvina Moyano DNI 28.701.217; María Soledad Berná DNI 25.956.620 – Fac. de Cs Políticas y Sociales UNCUYO MZA; María Victoria Vaccaro DNI 29.119.236 – Instituto Social y Político de la Mujer; María Valeria Albardonedo DNI: 24.975.898 – Docente Universidad Nacional del Comahue; Mariana Pillon DNI 34.765.237; Mariana Soledad Álvarez DNI 28.721.394; Mariana Villaverde DNI 32.941.504; Mariano Cognigni DNI 14.291.970; Mariela Belski DNI 22.294.173; Mariela Fernanda Luca DU 21.047.207; Mariela Magnelli DNI 30.653.904; Mariela Puga DNI 22.486.370; Marina Mattioli DNI 29.147.580 – CEDES; Marisa Herrera DNI 23.327.838 – CONICET/UBA; Martha Inés Giusti DNI 16.124.545; Martin Rapetti DNI 25.185.006 – CEDES/UBA; Mauro Benente. DNI 31727697 – UBA/CONICET; Melisa Paolino DNI 26.863.482 – CEDES; Mercedes Cavallo DNI 30.980.431 – ADC; Mercedes Simoncini DNI. 11.589.987; Milca Cuberli DNI 24.800.071 – FCS/UBA; Milena Zapata DNI 18.580.862 – Productora general Noticias – Artear Canal 13; Mirian Judith Nallar DNI 24.787.213; Mónica Gogna DNI 11.534.812 – CEDES; Nadia Ferrari DNI 34.145.735 – ELA; Natalia Gherardi DNI 22.110.199 – ELA; Natalia María Garavano DNI 30.407.360 – ELA; Nina Zamberlin DNI: 22.644172; Nora A. Cherñavsky DNI 12.975.033 – Gerenta Legal de Interior Anses; Paola Bergallo DNI 21.980.210; Paula Rey DNI 34.021.708 – ELA; Paulina Carreno DNI 23.963.359 – Periodista; Patricia Fátima Villafañe -DNI 16.757.757; Patricia Orozco Andrade CI 001-210757-0050D – Iniciativa Mesoamericana Feminista «Las Petateras» Nicaragua; Ramón Martín Enríquez DNI 7.830.802; Raúl Mejía DNI 13.416.920 – CEDES; Raúl Mercer DNI 10.353.509 – FLACSO CISAP Hospital Durand; Rita Silvina Herrera DNI 29.590.244, Rodolfo Latronico DNI 10.229.425 – Referente Grupo «Convihezeiza»; Rosana Gonzalez DNI 12.213.175; Sabrina Ayelén Cartabia DNI 31.995.095 – ELA; Sandra Raiher DNI 22.871.438; Santiago Jose Iturbe DNI 34.353.848; Silvia Augsburger DNI 14.729.086 – Diputada Nacional; Silvina Boschetti DNI 23.585.081 – MAR Rosario; Silvina Ramos DNI 12.975.864 – CEDES; Sofía Benítez DNI 30.039.836; Sofía Tiscornia DNI 10.066.106; Sonia Ariza Pas.53.105.068; Susana A. Pastor DNI 15.58.946 – Feministas en Acción – Argentina; Susana Checa DNI 3.979.286. –FOCO; Susana Inés Stilman LC 4.955.905 – Presidenta de Mujeres Trabajando; Susana Terenzi DNI 11.305.100; Tania Nieves Kiriaco DNI 20 707 359; Tomás Francisco Pomar DNI 32.318.385 – UBA; Vanesa Silvina Calafell DNI 21.030.452; Valeria Isla DNI 16.487.231 – Secretaría de Desarrollo Social, Quilmes; Viviana Della Siega DNI 6.646.460; Violeta Cánaves DNI 29.722.913.
