Mientras el país se ve atravesado por el debate sobre el financiamiento de la educación pública, las organizaciones sociales nos sentimos comprometidas en un apoyo irrestricto a la lucha que encarnan docentes y estudiantes de las diferentes universidades estatales.
Entendemos el acceso a la educación como un derecho fundamental y una herramienta para construir igualdad social. Por eso, como adelantábamos en nuestra entrega anterior, Católicas por el Derecho a Decidir y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional emprendimos un proyecto conjunto, orientado a la formación política de agentes de la administración pública y activistas de asociaciones y movimientos sociales.
La propuesta, titulada “Política feminista para garantizar derechos” apunta a compartir perspectivas, conocimientos y buenas prácticas en la construcción de estrategias y contenidos que permitan sostener, defender y articular una política feminista en el ámbito de las políticas públicas y las organizaciones de la sociedad civil.
A lo largo de los diferentes módulos, se han favorecido debates entre integrantes de diversas organizaciones sociales y de la sociedad civil, así como de espacios estatales analizando la agenda feminista y su incidencia política en un contexto más amplio, de recortes económicos, y retiro del Estado en las áreas del Estado vinculadas a la salud, educación, género y desarrollo social.
Así lo comentaba Alejandra Domínguez, docente y secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC: “Este espacio habilita la palabra y los saberes comunitarios, académicos y colectivos para el encuentro, las resistencias y la búsqueda de salidas que defiendan y construyan lo público. Nos invita a generar un diálogo de saberes y prácticas que impliquen pensar y compartir procesos de incidencia política en los diferentes niveles del Estado. También nos permite pensar cómo disputar los sentidos comunes y la estigmatización que el gobierno de Javier Milei impone en torno a los feminismos y al acceso a los derechos que, desde los diversos movimientos, supimos conquistar y sostener en los territorios. Este proceso de compartir nos desafía a analizar las emergencias de los colectivos más desprotegidos y desiguales, para poder diseñar estrategias y acciones basadas en los conocimientos que poseemos. Esperamos que como producto de esta experiencia, fortalezcamos y construyamos redes y estrategias para resistir y sostener las vidas atravesadas por las múltiples pobrezas y desigualdades”.
Por su parte, Keka Bosio, secretaria de la Comisión Directiva de CDD, destaca que “ante este gobierno, que descalifica lo público y agrede a instituciones como nuestra Universidad, recuperamos el valor de asociarnos con los espacios universitarios. Especialmente con la Facultad de Ciencias Sociales (FCS-UNC), que tiene una sólida trayectoria de trabajo y articulación con las organizaciones sociales y está profundamente comprometida con la agenda feminista. En el ámbito de la extensión universitaria, la facultad es un actor clave en la vinculación con la comunidad, aportando soluciones a problemáticas sociales concretas. Promueve el compromiso social de estudiantes, docentes y egresados, construyendo puentes entre el conocimiento académico y las necesidades del territorio, tal como ocurre en estos espacios de debate y formación que estamos ofreciendo”.
Así ha ocurrido en cada módulo de este espacio de formación, que ha contado con exposiciones de investigadoras y militantes de diferentes campos sociales. De la mano de la líder indígena diaguita calchaquí Lorena Monroy, junto a Paola Bonavitta (docente y feminista); o Nelly Borquez (referente de La Matanza), junto a la profesora Valeria Brusco; o las activistas feministas cristianas Natalia Rodríguez y Luján Farfán, en dupla con la investigadora Meli Sánchez), los diálogos entre las participantes van encontrando puntos de tensión, o de encuentro, y vinculando sus diferentes campos de trabajo y sus experiencias, con los conceptos teóricos que se aportan desde los equipos académicos.
Esta es una de las maneras en que creemos que esta institución fundamental de la sociedad argentina, posibilita la creación de redes de investigación y extensión que abordan problemas nacionales e internacionales, contribuyendo al avance del conocimiento científico y tecnológico.
Por eso, entre otras cosas, desde Católicas por el Derecho a Decidir entendemos que desfinanciar a la Universidad pública implica desconocer su aporte a la soberanía de saberes, el intercambio de experiencias, el desarrollo científico tecnológico. Nuestra defensa y exigencia de financiamiento digno para las universidades se planta no como una cuestión meramente educativa, sino como un reclamo feminista y de justicia social. El riesgo de permitir que la universidad pública se debilite es el riesgo de aceptar una educación elitista y excluyente, que niega la posibilidad de crecimiento a quienes más lo necesitan.
Necesitamos un compromiso claro y decidido para que la universidad pública siga siendo accesible para todas las personas, especialmente para quienes encuentran en ella una herramienta de emancipación y cambio social. En esta defensa se juegan nuestros derechos, nuestras oportunidades y nuestro futuro.
