Ser jubiladx, ser hincha, ser fotógrafx, militante, feminista, pueblo, no es un crimen. 

La violencia planificada como política de Estado se ha convertido en una herramienta central del gobierno de Javier Milei y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En una acción represiva brutal, las fuerzas de seguridad atacaron con violencia a jubiladas, jubilados y a toda persona que se manifestaba en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Mientras, puertas adentro del Congreso, también se apelaba a la violencia para levantar una sesión en la que debía debatirse la solicitud de retirar las facultades extraordinarias al presidente y la conformación de la comisión de investigación y juicio político frente al escándalo de la estafa de criptomonedas.

El trasfondo de esta movilización es la eliminación de la moratoria previsional, vigente hasta el 23 de marzo, que dejará a la mayoría de las y los trabajadores sin la posibilidad de acceder a una jubilación. Esta medida impactará especialmente a quienes han trabajado en condiciones de informalidad o en tareas de cuidado no remuneradas, afectando principalmente a las mujeres. Como ha ocurrido históricamente, las y los jubilados son los principales perjudicados: actualmente la jubilación mínima es de 279 mil pesos.

La represión se desató en un clima de provocaciones y de criminalización de la protesta. Entre los hechos más aberrantes se encuentra la agresión contra el fotoperiodista Pablo Grillo, quien hoy lucha por su vida en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires. Mientras la ministra Bullrich y los grandes medios tratan de justificar las detenciones arbitrarias hablando de infiltrados y delincuentes con experiencia, en las calles detenían a nuestro compañero, el Padre Francisco «Paco» Olveira, que integra el Grupo de Curas en Opción por los Pobres y a un monaguillo que lo acompañaba.

Las detenciones masivas, con un total de 114 personas privadas de su libertad, entre los que se encontraban dos niños de 12 y 14 años, se realizaron de manera completamente arbitraria. La jueza penal Karina Andrade, al ordenar la liberación del total de esas personas, dejó en evidencia las irregularidades del procedimiento; no se especificaron los motivos de la detención, ni los lugares de reclusión; lo que demuestra el nivel de arbitrariedad y abuso de poder ejercido por las fuerzas de seguridad.

Lejos de aceptar su responsabilidad, el gobierno de Javier Milei ha intentado justificar esta feroz represión con una narrativa que apela a teorías conspirativas, tal y como se han usado en cada una de las etapas más oscuras de nuestra historia, y que ya había sido utilizada el 12 de junio pasado, cuando se reprimió a quienes se manifestaban contra la Ley Bases.

Desde Católicas por el Derecho a Decidir, expresamos nuestro más enérgico repudio a la violencia ejercida por el Estado y exigimos el respeto a los derechos democráticos. La represión como herramienta de disciplinamiento no va a disuadir el genuino reclamo de justicia social. Exigimos la inmediata garantía de nuestros derechos, a una vida y unas jubilaciones dignas, a expresarnos libremente, a que la calle no sea tomada como un territorio de conflicto.

Aun en sus días de convalecencia, queremos destacar la palabra valiente de Francisco, en el día que se cumplen 12 años de papado, que advierte con profunda claridad: “Satanás intenta convencernos de que para los hambrientos no hay pan, menos aún de las piedras, ni los ángeles nos auxilian en las desgracias. En todo caso, el mundo está en manos de poderes malignos que aplastan a los pueblos con la altanería de sus cálculos y la violencia de la guerra”.

Ante la política de la crueldad,

Responderemos con

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