El área de salud de CDD presentó el último monitoreo del año. Las correntinas saben que existe la ley pero necesitan conocerla en profundidad, entre los datos más relevantes.
Ya hace tiempo que CDD impulsa monitoreos sociales de servicios salud y calidad de atención en el subsector público; pero después de la aprobación de la ley de IVE, en el 2021 se profundizó el objetivo más político de los monitoreos para generar incidencia con esos datos en articulación con gobiernos provinciales y municipales, y con el activismo.
El trabajo desarrollado desde el Programa Rodando Derechos, se articula y dialoga con diversas instituciones y espacios entre los que se cuentan la Red de profesionales de la salud por el derecho a decidir y activistas de diversas regiones del país. Concretamente -dice Ana Morillo, coordinadora del área de Salud de CDD- «se trata de una estrategia de recolección de datos, con una metodología precisa, con un procedimiento y con la aplicación de un formulario acordado con cada provincia».
Morillo explica que los monitoreos tienen diversos objetivos. «El de incidencia política, porque se trata de que la recolección de datos sirva a las provincias, a las activistas y a la Red; es decir, que satisfaga las necesidades de información y conocimiento. Y también respecto del activismo y de los liderazgos, que las compañeras recorran las provincias para hablar con los Equipos de Salud, para intercambiar información sobre la problemática, para acercar información».
Según informó Ana Morillo los monitoreos se pueden dividir en tres grupos:
- El monitoreo social de Corrientes, acerca del acceso de las usuarias a la salud sexual y reproductiva. Consiste en un relevamiento que se hizo con activistas de la zona, de Esquina, de Goya y de la ciudad de Corrientes, que recorrieron toda la provincia. A través del instrumento se buscó identificar, desde la perspectiva de las usuarias, cómo es el conocimiento de la salud sexual y de la ley IVE, y cómo es el acceso a los servicios de salud en esas localidades.
- El monitoreo que se llevó adelante con el equipo de la Dirección de Maternidad e infancia en la provincia de Catamarca, que consistió en relevar los 308 centros de salud y hospitales de toda la provincia. En este caso el objetivo fue un mapeo del acceso a la salud reproductiva, la entrega de los métodos anticonceptivos, la cantidad de profesionales que atienden: un mapeo de toda la provincia y del total de los efectores de salud pública, atiendan o no abortos.
- Un tercer grupo de monitoreos que comparte las mismas características en Formosa, Entre Ríos y Córdoba. Se trata de relevamientos enfocados en la calidad del circuito de atención de la IVE/ILE, solo con efectores que garantizan el acceso al aborto en cada provincia. Se trabajó con una encuesta similar aplicada en las tres regiones, aunque Córdoba contabiliza unos 250 efectores y las otras provincias cuentan con menor cantidad de profesionales que garantizan este derecho.
Los principales aportes, dice la responsable del Área de Salud, tienen que ver con el grado de conocimiento que poseen las personas para el acceso a sus derechos sexuales y reproductivos, así como producir evidencia que permita orientar mejor las políticas para el acceso y calidad de atención en los servicios. El último monitoreo permitió advertir que por ejemplo «en Corrientes hay conocimiento de la existencia de la ley IVE, pero es bajo el conocimiento acerca de qué se trata; alrededor de un 40% cree que en el caso de las menores de edad hay que pedir autorización de un juez o realizar una denuncia judicial ante una violación para acceder a este derecho. Es como si todavía estuviéramos bajo el modelo de causales», sostiene Ana. “Se sabe que hay una ley nueva pero no se la conoce”, reflexiona, y señala que «es muy importante atravesar esa línea para profundizar el conocimiento».
Estos monitoreos han permitido saber, además, que hay poco acceso a los métodos anticonceptivos de larga duración como DIU y el implante, y aún menos la vasectomía.
Explica Ana Morillo que consultadas acerca de si en los servicios de salud les ofrecieron el DIU, el 70% de las usuarias responde negativamente.En cuanto al conocimiento de la ley, más del 78% sabe de la existencia pero poco más del 40% reconoce qué significa IVE, ILE o conceptos como causales. La información es una herramienta clave para la garantía de derechos y el fortalecimiento de las condiciones de accesibilidad; y en el caso de los monitoreos impulsados por CDD, se ha relevado información muy valiosa que permitirá delinear las estrategias de intervención y el trabajo con decisores y equipos de salud durante el próximo año.
