Cada 28 de mayo se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, una fecha impulsada por movimientos feministas y organizaciones de todo el mundo para reafirmar que la salud no es solamente ausencia de enfermedad, sino también acceso efectivo a derechos, autonomía y condiciones dignas de vida.

En Argentina, muchas de las mejoras sanitarias de las últimas décadas fueron el resultado de años de construcción de políticas públicas sostenidas. Un sistema de salud capaz de garantizar acceso, prevención y cuidados no aparece de un día para otro: requiere inversión, formación de equipos, compra y producción de insumos, campañas territoriales y articulación entre distintos niveles del Estado.

Los datos muestran algunos de esos avances. Entre 2000 y 2023, la razón de mortalidad materna se redujo cerca de un 43%, mientras que entre 2018 y 2023 el embarazo adolescente registró una de las caídas más pronunciadas de la región. La tasa de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años descendió alrededor de un 49%, y en niñas menores de 15 años la reducción fue cercana al 55%, con impactos especialmente visibles en provincias alcanzadas por el Plan ENIA.

Estas transformaciones estuvieron vinculadas a la ampliación del acceso a métodos anticonceptivos, la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI), el fortalecimiento de los servicios de salud sexual y reproductiva y el desarrollo de estrategias comunitarias que permitieron que millones de personas pudieran decidir con mayor autonomía sobre sus cuerpos y proyectos de vida.

Sin embargo, en los últimos meses el debate volvió a tensionarse tras las declaraciones del presidente Javier Milei, quien aseguró que la caída de la natalidad en Argentina se debe al acceso al aborto legal. Los datos oficiales muestran, no obstante, que la tasa de natalidad viene descendiendo desde 2014, varios años antes de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2020.

En paralelo, comenzaron a consolidarse señales de debilitamiento en distintas áreas del sistema sanitario nacional. Según estimaciones de ejecución presupuestaria, el gasto nacional en salud registró una caída real cercana al 20–25% durante 2024, acompañada por recortes o reconfiguración de programas estratégicos, dificultades en la compra y distribución de insumos y menor capacidad de coordinación federal.

Para Ana Morillo, coordinadora del área de Salud de CDD, el deterioro de las políticas sanitarias no puede analizarse de manera aislada del contexto político y económico general.

“Para enfrentar este contexto, es necesario un cambio en la política pública general. En otras palabras, para frenar el deterioro de la salud pública y su impacto en los derechos reproductivos y no reproductivos, necesitamos impulsar otros modelos de gestión estatal”, señaló.

Morillo advirtió que el retiro del Estado nacional en materia sanitaria profundiza las desigualdades entre provincias y afecta especialmente a los sectores con mayores niveles de vulnerabilidad.

“Que Nación deje de distribuir recursos para la salud pública implica que la compra de insumos quede librada a las posibilidades de cada provincia. Eso profundiza las desigualdades, sobre todo en las jurisdicciones con mayores niveles de pobreza o donde la salud de las personas gestantes no ocupa un lugar prioritario en la agenda pública”, explicó.

Además, sostuvo que incluso en aquellas provincias donde existen demandas y exigencias hacia los gobiernos locales, las diferencias en cobertura y acceso comienzan a profundizarse.

“Más allá de que exijamos a los gobiernos provinciales que los derechos sexuales y no reproductivos se garanticen, hoy hay un déficit muy grande de cobertura en algunas provincias más que en otras”, afirmó.

Para la coordinadora de CDD, el impacto del contexto político actual también repercute directamente sobre el diseño y la implementación de las políticas sanitarias.

“En las políticas públicas que tienen que ver con el diseño y la implementación ha impactado fuertísimo que se vuelva a poner en discusión el acceso a derechos ya conquistados, debido al recorte a nivel nacional del presupuesto y la falta de rectorías o lineamientos”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que el escenario actual reactualiza desigualdades territoriales que parecían haberse reducido durante los últimos años.

“Volvemos a ver en nuestro país una brecha en el acceso a determinados derechos que depende del lugar donde te toque vivir”, concluyó.

En el marco del 28M, el debate sobre salud pública vuelve a poner en discusión dos modelos de sociedad: uno basado en la ampliación de derechos y la construcción colectiva de cuidados, y otro atravesado por el ajuste, la fragmentación y las crecientes desigualdades en el acceso a la salud.