A 10 años del primer grito de Ni Una Menos, sería injusto pensar que nada cambió en términos legales y de políticas culturales. Sin embargo, en la provincia de Córdoba, hubo cuatro femicidios en marzo, todos en el interior de la provincia, y dos en abril. También los juicios de Yamila Cuello, Catalina Gutiérrez y Silvia Frías, que condenaron a sus femicidas. La paradoja es que los femicidios siguen ocurriendo, la prevención no alcanza y las condenas son apenas un puñado. La abogada Romina Arroyo es integrante de la Guardia Feminista de Católicas por el Derecho a Decidir y, en esta nota, intenta poner algunas claves de análisis a lo que estamos viviendo.
Silvina Culbello, Ivana Mónica Guardia, Valeria Laviani, Verónica Torres Zorman, Noelia Moyano, Roxana Silvina Rotchen son los nombres de las mujeres víctimas de femicidio en lo que va del año en la provincia de Córdoba.
Marzo comenzó con un femicidio el día 6 en Vicuña Mackenna y, luego, a partir del 24, se sucedieron tres más en cuatro días en el corredor de las Sierras Chicas, en La Granja, Río Ceballos y Unquillo. Un total de cuatro femicidios en un mes, todos en el interior de la provincia, y dos más en abril. También la Justicia investiga la muerte de una mujer en barrio Pueyrredón y su hijo está detenido por ello. A este panorama doloroso, se suman reiterados casos de intentos de feminicidios que llegan a las noticias, de mujeres que lograron sobrevivir con las consecuencias de esos ataques. Es una lista de nombres y hechos que ocupan los portales y conmocionan un rato, y, luego, se agregan a la larga fila de las estadísticas en el país.
Este junio, se cumplen 10 años del primer grito de Ni Una Menos, esa salida a las calles llenas de bronca por los femicidios. Sería injusto pensar que nada cambió en términos legales, políticos, culturales. Sin embargo, la paradoja es que los femicidios siguen ocurriendo y ahora estamos ante un Estado negacionista de la violencia de género. Con una batalla cultural abierta hacia las políticas relacionadas con todo lo que se vincule con “el feminismo y las disidencias”, o, como dicen ellos, la «ideología de género» y la «agenda woke» que reordenó institucionalmente el funcionamiento nacional y provincial no solo en lo ideológico de quienes se alinearon, sino con el concreto recorte presupuestario y poniendo en riesgo el cumplimiento de todas las normativas vigentes. Córdoba no fue la excepción y el Ministerio de la Mujer se redujo al rango de Secretaría, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo de la Provincia, y es de público conocimiento la demanda de larga data de las trabajadoras del Polo Integral de la Mujer por los malos salarios y la escasez de personal para afrontar la demanda de atención. En el interior de la provincia, funcionan los Punto Mujer, que no escapan a la misma realidad.
Marzo también fue escenario de tres juicios importantes. La primera condena bajo la carátula de homicidio agravado por el vínculo de pareja y por el contexto de violencia de género en los tribunales de Río Tercero por el asesinato de Silvia Fría. Néstor Fabián Nieto, su expareja y femicida, fue condenado por unanimidad a prisión perpetua. También prisión perpetua para Néstor Aguilar Soto, asesino de Catalina Gutiérrez, que estuvo marcado por el desempeño de la abogada Ángela Burgos insistiendo en que no era femicidio y una cobertura lamentable de algunos medios cordobeses. La tan esperada justicia por Yamila Cuello, donde se condenó a 20 años de prisión a Néstor Antonio Simone. Si bien no enmarcó la figura de feminicidio porque el hecho fue anterior al marco legal que legisla la figura de femicidio en el país, la Fiscalía trabajó la línea de violencia de género para obtener el máximo de la pena de homicidio. Cabe destacar que la abogada defensora del femicida, Ana María Blanco, también tuvo un desempeño sin perspectiva de género, exponiendo la vida íntima de la víctima para negar la violencia de género.
La abogada Romina Arroyo es integrante de la Guardia Feminista de Abogadas de Católicas por el Derecho a Decidir y conversé con ella para intentar poner algunas claves de análisis a lo que estamos viviendo, porque, en la vorágine de las noticias buenas y malas, a veces perdemos algunas coordenadas.
―¿Estamos en condiciones de afirmar que los discursos oficiales que niegan la violencia de género como tal ―incluso, el término femicidio―, los discursos de odio desde el presidente y el recrudecimiento en las redes están impactando en la vida concreta, en cada casa, en las relaciones? ¿Qué correlaciones ya podemos inducir?
―El embate del Gobierno nacional contra las políticas públicas de género y la reivindicación de su agenda antifeminista son parte de una larga serie de ataques que condensa todas las ofensivas conservadoras posibles: racista, clasista, antiecologista y, por supuesto, patriarcal.
En esa línea, el presidente Javier Milei busca teñir de aura conspirativa los intereses de los feminismos, denunciando que, en realidad, esconden una “búsqueda de privilegios”, lo que tiene la intencionada finalidad de reafirmar la hegemonía de su privilegio: el patriarcal.
Su retórica es solo una parte ―importante― del plan que había anunciado durante la campaña electoral: estructurar una brutal rejerarquización de las relaciones de poder. Para lograrlo, hace uso de la violencia simbólica, la verbal, la económica e, incluso, de la represión en su forma de violencia física como herramientas útiles que refuerzan la exclusión, la desigualdad y la opresión. Desde el discurso, denuncia que las políticas de género implican una “distorsión del concepto de igualdad”, mientras que, contradictoriamente a cualquier idea de igualdad y tolerancia, habilita prácticas de odio, estigmatización, persecución y exaltación de una “superioridad estética” o supremacía blanca usando las violencias como recurso para deshumanizar a determinados grupos sociales. Sus reformas lo dejan en claro; desde su óptica, ya no somos personas, sujetos de derecho, somos un capital humano, una utilidad, objeto de opresión y explotación.
Un retroceso del marco normativo e institucional de prevención, protección y sanción de las violencias, a la par de la deshumanización que habilita el tratamiento de las mujeres e infancias como una propiedad, tienen como resultado inevitable la objetivación de los cuerpos y la posibilidad de su uso, abuso y destrucción. Justamente, la violencia femicida es el ejercicio más extremo de esa dominación sobre el cuerpo de las mujeres y los cuerpos feminizados. El mayor acto de desprecio y descarte. Todo lo que hoy pretende deshacer el titular del Poder Ejecutivo, que afirma que la violencia es una, a secas, banalizándola y devolviéndola al espacio íntimo. La violencia machista en Argentina, y en la región, es uno de los problemas más graves, estructurales y persistentes que afecta a mujeres y diversidades de todas las edades y clases sociales. Al final, el modelo de la libertad garantiza la libertad para algunos, mientras muchos otros y otras permanecemos presos y presas del miedo a sufrir las múltiples violencias de quienes se atribuyen la potestad de definir el concepto de igualdad desde la comodidad de sus privilegios.
La historia nos ha demostrado que negar su existencia no hace que el problema desaparezca, sino que, por el contrario, lo refuerza. Hace falta ponerle nombre a las particularidades que tiene la violencia, producir datos estadísticos para conocer su magnitud, investigar sus causas y soluciones, prevenirla mediante políticas de abordaje integral, multisectorial y multinivel, y sancionarla con severidad como una muestra de la intolerancia de la sociedad a este tipo de conductas discriminatorias y una ruptura con la impunidad, el silencio y la indiferencia.
―¿Están observando judicialmente movimientos de resistencia y entorpecimiento en los juicios por femicidio a partir de la asunción de Milei y su política negacionista?
―Desde la sanción de la Ley 26791 en 2012, que incorpora el agravante del femicidio al Código Penal, la resistencia de cierto sector de la doctrina penal y de los operadores jurídicos ha sido siempre activa, lo que era esperable en tanto desafía las lógicas androcéntricas del sistema penal. Pasados 13 años de la reforma, todavía se siguen presentando planteos de inconstitucionalidad donde se argumenta que vulnera el principio de igualdad ante la ley o el riesgo de constituir un “derecho penal de autor”; o cuestionamientos a la forma en que está redactado el texto de la norma penal, por afirmar que permite un amplio margen de apreciación judicial que atenta contra la legalidad, entre otros fundamentos. Con los años, esos cuestionamientos iban disminuyendo, a la par que la estructura del sistema judicial se dotaba de juzgados, fiscalías y defensorías especializadas, se dictaban protocolos de investigación, se avanzaba en capacitación gracias a la Ley Micaela y se llevaban registros concretos de casos.
Pero el derecho ―además de ser un sistema normativo― es un discurso social. No solo regula comportamientos, sino que también participa en la construcción de narrativas colectivas y en la definición de identidades sociales mutables. En consecuencia, va cambiando con el tiempo, configurando “sensibilidades jurídicas”. A partir del cambio de Gobierno nacional, se advierte que estos cuestionamientos vuelven a tomar fuerza. Esto se explica porque encuentran legitimación en esta agenda “anti woke” que fomenta discursos discriminatorios desde una posición de poder, que refuerza prejuicios e incita a la intolerancia y a la discriminación.
Por suerte, los feminismos académicos, jurídicos y activistas se encargan de brindar valiosos aportes para la discusión, y permiten desactivar estas embestidas conservadoras que implican una violación al principio de progresividad y no regresividad de los derechos humanos. En los procesos judiciales, los distintos actores van disputando la legitimación de sus versiones de la verdad y, para eso, usan estrategias simbólicas y herramientas jurídicas. Lo importante es que, ante esa disputa, el Poder Judicial no se olvide que la perspectiva de género es una realidad legal, un instrumento de análisis, una metodología de aplicación obligatoria y un mandato jurídico vinculante para todos los organismos jurisdiccionales en virtud de tratados internacionales suscriptos por el Estado, y que debe respetar los estándares fijados por el sistema regional de derechos humanos.
Imagen de portada: Ana Medero para La tinta.
