Desde Mujeres X Mujeres, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Tucumán, y Católicas por el Derecho A Decidir Argentina, escuchamos con indignación a la Ministra de Salud Rossana Elena Chahla, quien con total irresponsabilidad y liviandad afirmó a La Gaceta en el día de ayer decir que: “En 2018 tuvimos 18 casos “Lucía” y pudimos resolver todos los temas y que el problema es cuando se mediatiza. Porque cuando se hace muy público algo, es muy difícil intervenir”.
Recordamos que el 7 de Marzo del corriente año DENUNCIAMOS PENALMENTE a la recientemente confirmada Ministra de Salud, junto a Elizabeth Ávila -Directora del Hospital Eva Perón-, Tatiana Obeid Pedemonte -Jefa del Servicio de Ginecología de ese hospital-, y Gustavo Vigliocco -Secretario Médico del Sistema Provincial de Salud (SI.PRO.SA)- por Incumplimiento de deberes de funcionario público (art. 248 y/o 249 C. P.). Esta investigación, que busca responsabilizar a quienes desde un lugar de poder violaron el derecho al aborto de “Lucia”, está radicada desde el día 7 de marzo de 2019 ante la Fiscalía especializada en Delitos Complejos, bajo la carátula: “Personal del Hospital Eva Perón y otros s/incumplimiento de deberes de funcionarios públicos” Expte: 14593/2019.
A esta denuncia adhirieron también la Asociación contra la Violencia Institucional, Red Abogadas Feministas, Observatorio contra el Acoso, Fundeps y Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina. El poder judicial tucumano, se muestra renuente a investigar los hechos de violencia y de tortura a los que fue sometida “Lucía”, y a la fecha no ha citado a declarar a los imputados y en cambio ha dado muestras de querer archivar la causa sin mayor trámite. En el día de la fecha hemos incorporado a la causa la nota periodística de la Ministra como hecho nuevo, a fin de que se la cite a declarar sobre los mismos.
Toda la cadena de incumplimientos de obligaciones médico-legales en la atención clínica de “Lucia” -de público conocimiento- produjo múltiples violaciones a los derechos de una niña como “paciente” y al ser los funcionarios denunciados, agentes públicos, sus comportamientos se tradujeron en el incumplimiento de los deberes que todo funcionario público que preste servicios sanitarios tiene: deber de respetar la autonomía, deber de brindar información, deber de asegurar la asistencia sanitaria y deber de garantizar el trato digno y respetuoso, libre de violencias, que garantice el deber de resguardar la confidencialidad e intimidad en la atención de interrupción legal de embarazo. Y si bien la interrupción del embarazo se produjo, la prestación se dilató casi un mes desde la primera manifestación de voluntad de La Niña, lo cual dejó al descubierto una trama institucional cruel que subordinó indebidamente el interés superior de la niña al servicio del desarrollo farmacológico de la vida intrauterina para así impedir un aborto y re-victimizarla una vez más.
El Estado Argentino en una Audiencia Temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 27 de septiembre RECONOCIÓ las Violencias y la violación de derechos de “Lucia”.
Por ello EXIGIMOS que el Ministerio Publico Fiscal y el Poder Judicial de Tucumán cumplan con su obligación de investigar con debida diligencia todas las violencias acontecidas en la atención sanitaria, como así también la posible comisión de los delitos denunciados para evitar así nuevas violaciones a los derechos humanos hacia las niñas, adolescentes y mujeres tucumanas se cometan.
En el día ayer se hizo público que ante la salida de Vigliocco del SI.PRO.SA lo reemplazaría el Dr . Medina Ruiz, Director del Hospital Avellaneda, quien ante un caso de ILE similar que acompañamos el año pasado intentó declarar objetor al Hospital, el mismo hospital donde cayó presa “Belén” y el mismo Hospital donde hace menos de 30 días negaban una ligadura tubaria a una joven de 19 años, madre de 2 hijos y próxima a parir el tercero, argumentando que “podría arrepentirse”.
Los cuerpos de las niñas, adolescentes y mujeres Tucumanas deben dejar de ser violentados con la complicidad clasista, patriarcal y racista de los Poderes del Estado.
