Trabajo, ambiente y juventud aparecen hoy como territorios en disputa. Tres reformas estructurales permiten leer un proyecto que busca redefinir el vínculo entre Estado, derechos y soberanía, con consecuencias profundas para la democracia.

Por María Terragno*

El año legislativo dio inicio con sesiones extraordinarias y con el tratamiento de tres proyectos de reforma importantes, estructurales en el marco de las relaciones sociales, políticas y ambientales, que definen los consensos democráticos y los atropellos al orden constitucional vigente. 

Se trata de tres ejes centrales: la reforma laboral (ya sancionada, que modifica y elimina leyes vigentes), la ambiental (el proyecto de reforma de la ley nacional de glaciares que continúa en debate) y la penal (con la reciente aprobación de la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años). Existe en estos tres puntos una línea visible que los une, que los encuadra en un proyecto económico y político cuyo objetivo es aumentar el sometimiento, restringir la libertad, y ceder la soberanía.

La reforma laboral. Presentada con el eufemismo de “Modernización Laboral”, lejos de modernizar o actualizar la legislación en el marco de las nuevas tecnologías o de la amplificación de derechos en materia de género, tiene un evidente objetivo: negar un sistema de compensación legal fijado por el derecho del trabajo desde su fundación. Se ataca la protección frente a la clara asimetría de poder entre quien sólo cuenta con su fuerza de trabajo y su remuneración para subsistir y quien tiene la posibilidad de dar empleo. 

La voluntad del empleador ya no encuentra límites claros para evitar abusos en la forma de dirección y de organización de la empresa. Por el contrario, los límites se presentan sólo para trabajadores y trabajadoras quienes ven condicionados derechos laborales elementales como la jornada limitada, el derecho al descanso con el aseguramiento de los días de vacaciones, y el derecho a no ser discriminado/a en su ámbito de trabajo, entre muchos otros. Los límites sólo están planteados para los y las trabajadoras, para la organización sindical, para las huelgas y la represión del conflicto.

La desfinanciación de la seguridad social en favor de capitales especulativos para garantizar los despidos constituye la otra pata de la mesa en la que se sirveun  esquema de relaciones laborales completamente nuevo en nuestro país. Lejos está también de la promesa de favorecer la creación de empleo registrado, cuya demanda está atada inexorablemente al crecimiento económico. Es un proyecto estructural que amenaza a quienes cuentan hoy con un trabajo registrado, pero también a quienes aún no cuentan con derechos laborales por estar precarizados. Anula la expectativa de un futuro de bienestar con derechos. Tampoco hay perspectiva para quienes se consideran satisfechos porque consideran que el futuro es recompensa al mérito y a su control personal. No hay horizonte de derechos ni a corto ni a largo plazo porque el único ganador será quien en definitiva no dependa de otro para subsistir.

La Ley de Glaciares. En paralelo, el proyecto de reforma de la Ley N° 26.639, conocida como la Ley Nacional de Glaciares apunta a desmantelar las reservas estratégicas de agua más importantes de la Argentina. La modificación permite la destrucción del glaciar y del ambiente periglaciar que conforman un sistema único, indispensable para proteger el agua en todo nuestro territorio. La ausencia de límites y presupuestos mínimos para las actividades extractivas como la industria minera determinarían daños definitivos para el caudal de las cuencas. Ello porque la reforma elimina la protección automática que hoy establece la ley y la reemplaza por un sistema discrecional. Mediante una declaración de una autoridad provincial, un glaciar puede quedar fuera de la protección legal y ser habilitado para actividades extractivas. 

En un contexto de crisis climática, de retracción de los glaciares, este proyecto representa un gravísimo retroceso en la protección del agua y de la vida. En esta línea de conexidad este proyecto de extracción sin límites involucra un déficit para nuestra soberanía, implica desarmar una noción de cuidado con las personas y con la naturaleza alentando un sistema que mercantiliza nuestra vida, los derechos y el bienestar. Menos soberanía, menos libertad, más sometimiento.

El nuevo Régimen Penal Juvenil. La reciente aprobación de la reforma que establece la baja de la edad de inimputabilidad a los 14 años, cierra este modelo de deterioro de las garantías democráticas. Es la consecuencia de un modelo basado en la represión más que en la construcción de ciudadanía, un proceso perverso como respuesta a que el cómodo bienestar de unos pocos no sea perturbado.

Perseguir, reprimir, disciplinar a pibes y pibas en un contexto de aumento de la pobreza, de violencia, de falta de empleo de calidad y oportunidades para progresar, es un mecanismo que incrementará el odio y la discriminación. La cárcel es la peor respuesta que se puede dar a un adolescente que incursiona en una situación delictiva, quienes son los últimos eslabones de una cadena de delincuencia y que en modo alguno son los responsables de un modelo de desmantelamiento y corrimiento del Estado para garantizar alimentación, empleo, salud y vivienda. Antes que encierro, se necesita abordar a la familia, incluirla en un sistema integral de protección de derechos.

La reforma laboral y la posible reforma de la Ley de Glaciares profundizan un modelo social de destrucción y aniquilamiento del bienestar, que sólo puede cerrar con una autoridad más represiva, con una aplicación de la ley penal que no garantice derechos, vulnerando el orden constitucional e internacional. Ante un modelo que pone en jaque la vida, la dignidad, la educación, el trabajo y la libertad, todos los sectores debemos unir las miradas y las luchas que nos involucra a todos/as para contar con un horizonte común de fortalecimiento de nuestra democracia que sólo es posible con la protección de nuestra soberanía y de los derechos para las personas y la naturaleza como un vínculo ineludible que debe preservarse.

*María Terragno es Abogada laboralista feminista. Asesora de organizaciones sindicales y sociales. Autora del libro “Derecho Laboral Feminista”. Vicepresidenta del Círculo de Abogadas y Abogados Laboralistas.