Paola Ortiz fue condenada a perpetua en Córdoba, acusada de matar a su bebé al nacer. Sus abogadas dicen que no hay pruebas de que el bebé naciera vivo. Un proceso con irregularidades y prejuicios en el marco de un parto en avalancha en soledad.

Paola Ortiz es morocha, de rostro redondeado. Tiene 42 años y desde los 29 está presa en el penal de mujeres Bouwer en Córdoba. Ningún familiar la visita. En todos estos años –13–, ni sus hijos fueron a verla. Nadie. Sobre ella pesa el estigma de la “mala
madre”, la “mata bebés”. Le quedó desde que fue condenada en 2015 por la Cámara del Crimen y Correccional de Villa María, en un juicio con jurados populares. Le aplicaron la pena más dura del Código Penal: prisión perpetua. La encontraron responsable de la muerte de la beba que acababa de dar a luz el 31 de octubre de 2012 en un parto en soledad, sin ayuda de ningún tipo, en una habitación de la casa precaria en la que vivía, en ese entonces con sus hijos y su exsuegro en la localidad de Villa Nueva. Desde aquel juicio –que salió en los diarios, sobre todo locales– no se supo más de ella y hoy Paola quiere contar su verdad.
“Yo no maté a nadie. Quiero que mis hijos sepan la verdad”, le repite a la abogada Julia Luna, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, quien conoció por casualidad su caso en 2022 y es ahora una de sus representantes legales. Y desde hace tres años es su única visita.

La defensora no la defendió

Nunca nadie antes escuchó a Paola porque su defensora oficial, Silvina Muñoz –ya jubilada– le recomendó que no declarara en el juicio. Es más, fue su defensora la que la instaló en el lugar de la culpable: sostuvo que se había tratado de un homicidio culposo, es decir, que no había tenido intención de cometerlo pero que había sucedido igual. Y ella, a quien se la ve sumisa, no se opuso pero tampoco pudo explicar a viva voz qué había pasado con esa beba.

El cadáver pequeño fue encontrado el 5 de noviembre de 2012 cerca de la orilla del río Ctalamochita, en un parque de Villa Nueva. Lo vio un vecino. Según determinó la autopsia, la criatura llevaba varios días muerta. En realidad, la primera acusación a Paola fue
por el delito de “abandono de persona seguido de muerte”. Durante el juicio por jurados la imputación se cambió. Finalmente, la condenaron por “homicidio agravado por el vínculo” aunque sin pruebas contundentes: por un lado, una autopsia que dejó muchas dudas y por el otro, el testimonio de un policía que se tomó como verdad.

La contradicciones judiciales

En el fallo, fechado el 19 de marzo de 2015 se lee que el informe forense del perito de la Morgue Judicial, Gustavo Rodríguez, dice que “el avanzado estado de descomposición (del cadáver), dificulta enormemente la realización de la autopsia”. En ese sentido, agrega: “No se puede aseverar si existió vida post nacimiento”. El perito concluye: “… impresionaría que la muerte se produjo en el período peri natal tardío (trabajo de parto, alumbramiento y hasta una (1) hora post nacimiento). Causa probable de Muerte: Sufrimiento fetal agudo peri parto”. No se registran tampoco rastros de golpes u otras lesiones. Esa falta de certeza en relación a la causa de la muerte de la beba de Paola es central. “No hay certeza de que ella la haya matado”, dice Luna, quien comparte la defensa de Paola con su colega Rocío García Garro, también de CDD.

Pero en el juicio, el mismo perito que había firmado ese informe forense declara que la beba habría nacido con vida y que falleció por carecer de asistencia médica. Es decir, su declaración fue contradictoria con su informe, pero se la tomó por cierta.
Paola no tuvo controles durante el embarazo. En los otros partos –los de sus tres hijos mayores– se atendió en el Hospital Regional Pasteur de Villa María. Pero no ocurrió lo mismo con este. ¿Eso la convierte en culpable de homicidio agravado y merecedora de una pena de prisión perpetua?

Un juicio sin contrastar pruebas

En el juicio hubo otro testimonio al que se le dio absoluta certeza sin contrastar con otras pruebas, advierten sus abogadas: el de un policía de apellido Altamirano, de la comisaría de Villa Nueva donde se presentó Paola porque había escuchado comentarios de conocidas del barrio que la difamaban y al mismo tiempo, para reclamar que buscaran a su hijo mayor al que no encontraba. En ese contexto, el policía dijo en el juicio que la mujer se autoincriminó y que contó que había escuchado llorar a la bebé apenas nació –en el cuarto de su casa– y que luego se quedó callada, que no había sabido qué hacer, que la había guardado en un cajón de una mesita de luz, y que luego la había tirado al río. “Ese testimonio, sin abogado defensor, suponiendo que hubiera sido así, no tiene validez. Pero tampoco se contrastó con otras pruebas y se lo dio por cierto”, objetó la abogada Garro.

La sentencia quedó firme. En abril de 2024, las abogadas de CDD presentaron un pedido de revisión del fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, aportando una nueva interpretación de los resultados de la autopsia que concluye que la criatura nació muerta y por tanto, no se le podría adjudicar su fallecimiento a Paola.

En la misma corte provincial, para apoyar el pedido de libertad de Paola, organizaciones de mujeres y de derechos humanos del país, regionales y de EEUU han presentado una serie de amicus curiae para apoyar el planteo de la defensa, entre ellas, el CELS, Fundeps, la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales
y Sociales (INECIP), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Instituto O’Neill de la Universidad de Georgetown, el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI).

El TSJ de Córdoba todavía no se expidió sobre el caso. Frente al silencio del alto tribunal, desde CDD decidieron ayudar a Paola a darle visibilidad a su historia. Por eso llevaron carteles al Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias de Corrientes en noviembre que decía “Libertad para Paola”.

A Paola le cuesta expresarse, pero –con sus limitaciones– deja clara sus ideas. “Quiero reencontrarme con mis hijos, pasar Navidad con ellos”, se ilusionaba en diálogo con Luna, la última vez que la vio unos días atrás.

Las abogadas de CDD conocieron a Paola cuando estaban preparando un amicus curiae sobre la violencia obstétrica que sufren mujeres privadas de su libertad, para adjuntar en el marco de un habeas corpus colectivo que presentó la Defensoría Pública de la provincia. “El organismo que se ocupa de la defensa de los intereses de las personas privadas de la libertad había detectado gravísimas violaciones de derechos humanos de las mujeres cuando tenían que parir y en toda la atención preparto, parto y posparto. Percibieron que estaban pariendo encadenadas, solas, sin personal policial femenino, que la asistencia médica llegaba muy tarde. En ese momento Paola estaba embarazada de 8 meses y el suyo fue uno de los casos testigos incluidos en la presentación. Al tomar contacto con ella y ganar su confianza, Paola fue develando la cadena de injusticias que había sufrido al ser condenada. Entonces, empezamos a analizar el caso y concluimos que está presa injustamente”, explicó a este diario Garro.

La mujer estaba separada del padre de sus tres hijos hacía cinco años cuando fue detenida ese mismo día cuando fue a la comisaría en noviembre de 2012 y habló con el policía Altamirano. Cuando la conocieron, Paola le contó a las abogadas de CDD que había tenido un hijo en la cárcel y que ese bebé había sido dado en adopción sin su consentimiento por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) de la provincia. El segundo hijo que tuvo estando privada de su libertad está al cuidado de unos tíos paternos.
En la cárcel Paola participa de un taller en el que fabrica velas y jabones. “La visibilización del caso la ayuda a tener el apoyo de sus compañeras de prisión”, cuenta Luna. Según les contó, Paola recibió golpizas de policías en la comisaría de Villa María, apenas quedó detenida en 2012 y luego de parte de otras internas en el penal de Villa María, donde estuvo presa antes de ser trasladada al de Bouwer. Todas le increpaban la dura acusación que pesa sobre ella.

“Fue condenada sin que existieran pruebas concluyentes sobre el nacimiento con vida de su beba. Sin embargo, la fiscalía erigió la acusación sobre hipótesis y suposiciones que nunca pudieron demostrarse. En un proceso plagado de irregularidades y prejuicios, fueron descartadas líneas de investigación fundamentales para dar cuenta de la muerte fetal en el marco de un parto en avalancha, una situación médica de emergencia que impide el acceso oportuno a la atención sanitaria”, sostiene las abogadas de CDD.
La defensa oficial –agregan– puso un manto de dudas sobre su relato de inocencia, sin pedir su absolución a pesar de la falta de
pruebas. Además –precisan– omitió presentar el recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia, privándola de la posibilidad de revisión efectiva de la sentencia. “Me defendieron mal, por eso estoy acá”, dice Paola.

En el marco de las acciones por su libertad, el jueves próximo a las 11 a.m., organizaciones de mujeres se presentarán ante el TSJ, en la ciudad de Córdoba, con la consigna “Navidad sin presas por emergencias obstétricas”.

Nota publicada en Página/12 el 14 de diciembre de 2025.