La historia de Paola Ortiz expone las contradicciones del sistema judicial que actúa con rapidez para condenar a prisión perpetua y sin pruebas a una mujer en situación de extrema vulnerabilidad que tuvo un parto en avalancha. Pero no tiene celeridad para actuar a tiempo con hombres denunciados por violencia de género, como Barrelier o Laurta. Hace dos años, se espera que el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba se exprese sobre el pedido de revisión de la condena que no contó con perspectiva de género. A pocos meses del Encuentro Plurinacional transfeminista en Córdoba, el reclamo por su libertad se amplifica con fuerza.

¿Sabías que, en Córdoba, una mujer está condenada a prisión perpetua por un parto producto de una emergencia obstétrica? En 2012, su bebé nació sin vida, estaba sola en condiciones de muchísima precariedad y con una historia atravesada por años de violencia física, sexual y económica. Ahí donde el Estado no llegó con políticas de cuidado, asistencia y protección, sí llegó con su faceta punitiva: la Justicia la condenó a prisión perpetua en un juicio exprés, sin antecedentes penales y sin pruebas concluyentes, por homicidio agravado por el vínculo. Al momento de los hechos, Paola era madre de tres hijos, no había finalizado sus estudios primarios, vivía en una habitación prestada y no tenía empleo formal.

¿Puede la Justicia explicar la celeridad para encarcelar a una madre pobre que atravesó una emergencia obstétrica y no actuar con el mismo apuro en los casos de varones con antecedentes, como Pablo Laurta o Claudio Barrelier? Podríamos decir, entonces, sin miedo a equivocarnos, que parece existir una doble vara judicial.

En octubre, la ciudad de Córdoba será sede del histórico y gran encuentro transfeminista plurinacional que, año a año, nos reúne en distintos puntos del país. La Comisión Organizadora del 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersex y No Binaries realizó una conferencia de prensa y una de las banderas es el grito de libertad por Paola. “Hace más de 400 días que esperamos la respuesta del Tribunal Superior de Justicia para que se revise el caso de Paola Ortiz con perspectiva de género y de derechos humanos, perspectiva que no tuvo durante el proceso judicial que la condenó”, expresaron. En este sentido, Teresa Bosio, referente feminista e integrante de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), manifestó que “la libertad de Paola es un reclamo urgente y una de las cosas que se espera es que pueda participar del Encuentro y encontrarse con la gran red de apoyo”.

¿Por qué es urgente revisar la condena de Paola?

Desde el año 2022, Católicas por el Derecho a Decidir acompaña e impulsa acciones jurídicas, políticas y comunicacionales en la causa de Paola Verónica Ortiz para la revisión de su condena. Rocío García Garro y Julia Luna, integrantes de la Guardia Feminista de Abogadas del Área de Litigio de CDD, asumieron la defensa en articulación con organizaciones de derechos humanos, espacios académicos, profesionales y referentes de distintos puntos del país comprometidos con el acceso a la justicia y la no criminalización de las emergencias obstétricas.

En 2015, en primera instancia, la Cámara Correccional y Criminal de Villa María emitió la condena para Paola Ortiz. En 2017, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba emitió la sentencia en segunda instancia. “Paola fue juzgada con una defensa negligente, sin pruebas, el policía que redactó la primera declaración indicó que el bebé había llorado sin haber estado en el parto. Del expediente, no surge prueba alguna que permita sostener la hipótesis de un homicidio, se pretendía que ella actuara como si fuera personal de salud o dispusiera de conocimientos porque ya había parido. Es una sentencia plagada de estereotipos que la ubicaron rápidamente como una mala madre porque no pudo cortar el cordón umbilical o acudir al hospital en búsqueda de asistencia. No contemplaron el estado de emergencia, las vulnerabilidades y la situación traumática de vivir un episodio así”, detalla la abogada García Garro en diálogo con La tinta.

Lo que exigen el equipo legal y las organizaciones que acompañan el caso es la revisión por parte del Tribunal Superior de Justicia, teniendo en cuenta los avances legislativos y jurisprudenciales en materia de derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos en nuestro país, y los antecedentes de los casos “Manuela vs. El Salvador” y “Beatriz vs. El Salvador”. En estos últimos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó a los Estados sobre los estereotipos de género en casos de emergencias obstétricas, marcando parámetros interpretativos en materia de género.

El 22 de abril de 2024, presentaron un Recurso de Revisión acompañado de un informe médico-forense elaborado por la perita Stella Maris Manzano, con especial énfasis en la valoración de la pericia realizada en la causa, respecto de la docimasia pulmonar, y en las características médicas y biológicas de los partos en avalancha, que acredita el desarrollo biológico de un parto en avalancha. En diciembre de 2025, se presentó un Amicus Curiae por parte de CLADEM (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres), aportando una interpretación especializada del informe médico y su relevancia para la revisión de la condena.

El 5 de mayo pasado, se presentó un pronto despacho solicitando al Tribunal Superior de Justicia que resuelva el Recurso de Revisión, acompañado de un informe psicológico que da cuenta de los efectos que la prolongada privación de libertad produce sobre Paola. El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), el 11 de junio pasado, solicitó un informe al TSJ a los fines de evaluar las condiciones en las que se está llevando a cabo la privación de la libertad y, además, cuestiona la condena a prisión perpetua, sosteniendo que el proceso estuvo atravesado por serias dudas probatorias, estereotipos y sesgos de género, y que la pena impuesta podría ser desproporcionada y, en los hechos, cruel, inhumana o degradante.

“La Justicia tiene la obligación de juzgar con perspectiva de género y derechos humanos, y sería una gran oportunidad para avanzar hacia mejores estándares en el abordaje de situaciones vinculadas a la salud sexual y reproductiva. A más de dos años de su presentación, el Tribunal Superior de Justicia aún no ha dictado resolución, manteniendo a Paola privada de su libertad”, agregó la abogada.

Paola Ortiz no es la única, son muchas las mujeres privadas de su libertad por causas similares. La que más conocimos es la historia de Belén en Tucumán. Pero según lo relevado entre 2012 y 2020 por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto con el Centro Universitario San Martín (CUSAM) a partir de publicaciones en medios de comunicación y en expedientes judiciales en 17 jurisdicciones del país: hay 1.532 causas iniciadas por aborto y 37 posibles casos de eventos obstétricos, ocultos bajo la figura de “homicidio” o “abandono de persona”. Podés conocer varias historias en el proyecto Presas por Parir.

“El caso de Paola Ortiz representa una profunda injusticia y constituye un ejemplo paradigmático de cómo el sistema penal continúa criminalizando a mujeres en contextos de extrema vulnerabilidad, especialmente, mujeres pobres, a partir de estereotipos de género y mandatos patriarcales vinculados a la maternidad. Al igual que otros casos registrados en Argentina y en distintos países de la región, evidencia las graves consecuencias que produce la intervención punitiva del Estado frente a emergencias obstétricas”, expresaron desde CDD.

En sus 14 años privada de libertad, Paola ha vivido un camino doloroso y de mucha soledad. Pero también de mucha resiliencia. El año pasado, empezó a estudiar la primaria y participa de talleres de costura, velas y jabones, está escribiendo algo sobre la historia de su vida, contada por ella, sin mediaciones. Estas son las condiciones que le permiten sobrevivir con una condena injusta. Lo que sabemos de ella es por una de las profesionales del equipo psicosocial que la acompaña, quien, junto con las abogadas, son las únicas que la visitan.

Transita su encierro sabiendo que, como ella, muchas mujeres atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Le cuenta que piensa en Agostina, que le conmovió lo que pasó, dimensiona los riesgos en los que estaba su vida: “Yo no terminé muerta y, por eso, estoy acá adentro”. Se emociona cuando le llegan noticias de las redes de apoyo que están trabajando por su libertad, porque creemos en ella, en la injusticia que significa su condena. Ella sabe que no está sola, que somos muchas esperándola y, en parte, eso le permite seguir.