La participación política de mujeres y personas LGBTIQ+ sigue siendo disputada en América Latina. La violencia política opera como un mecanismo de exclusión que limita derechos y debilita la democracia, mientras el litigio estratégico se consolida como una herramienta clave para exigir condiciones reales de participación.

Foto: Prensa Corte IDH

En un escenario regional atravesado por el debilitamiento democrático y la expansión de discursos de odio, desde Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) Argentina, en alianza con Feministas sin Fronteras, participamos en el 187° período de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Nuestra compañera Marina Gudiño, abogada del equipo de litigio estratégico, presentó un Amicus Curiae que recupera una convicción que atraviesa nuestras luchas: la democracia solo puede sostenerse con la participación plena de mujeres y personas LGBTIQ+.

La participación política como derecho en tensión

La participación política es un derecho humano que los Estados tienen la obligación de garantizar, pero en la práctica sigue siendo restringida por barreras materiales y simbólicas que limitan el acceso a los espacios de decisión.

En este marco, la presentación del Amicus Curiae busca incidir en un punto clave: que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se expida sobre la violencia política como un obstáculo estructural para la participación democrática. Se trata de una herramienta para aportar argumentos y experiencias desde nuestros territorios, con el objetivo de fortalecer estándares que garanticen el derecho a participar en condiciones de igualdad.

En su intervención ante la Corte, Marina Gudiño profundizó estos argumentos, señalando que la violencia política no es un fenómeno aislado, sino una práctica sistemática que condiciona quiénes pueden ejercer derechos y en qué condiciones. Su exposición recupera estas tensiones y aporta claves para pensar el rol de la justicia en la garantía efectiva de derechos.

Una historia de luchas que amplían la democracia

Esta intervención se inscribe en una historia donde las mujeres han sido protagonistas en la ampliación de derechos y en la construcción de la democracia en América Latina. Desde las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo hasta las leyes de cupo y paridad, las luchas colectivas han impulsado transformaciones profundas.

Sin embargo, la igualdad formal no alcanza. No se trata solo de ocupar lugares, sino de disputar el sentido de la democracia, incorporando agendas históricamente postergadas como el cuidado, la justicia social y los derechos sexuales y reproductivos. Nuestra participación no solo amplía derechos: fortalece la democracia.

Violencia política: una estrategia de exclusión

La violencia política contra mujeres y personas LGBTIQ+ constituye uno de los principales obstáculos para esa participación. No se trata de hechos aislados, sino de un mecanismo estructural de disciplinamiento que busca limitar la presencia en el espacio público.

Se expresa en hostigamientos, campañas de desprestigio y ataques digitales, pero también en formas extremas de violencia como los asesinatos de lideresas como Berta Cáceres, Marielle Franco y Juana Quispe, o el intento de magnicidio contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El objetivo es claro: generar un efecto silenciador que restrinja la participación y empobrezca la vida democrática.

Democracia sustantiva: una deuda pendiente

Para que la democracia no sea una promesa vacía, los Estados deben garantizar condiciones reales de igualdad. La relación entre democracia, derechos humanos y Estado de derecho es inseparable: sin participación plena, el sistema queda incompleto. 

La participación política no es un accesorio, sino una condición para la democracia. Disputar ese sentido también implica incidir en el Sistema Interamericano, para que la justicia incorpore una perspectiva de género que garantice el derecho a participar libres de violencias.