Este miércoles 17 de marzo se vota en la Legislatura de Córdoba la postulación de Juan Manuel Delgado al cargo de Fiscal General. Como titular del Ministero Público Fiscal será responsable de la dirección de la política de persecución penal en todo el territorio de la Provincia, impartirá instrucciones a todos los fiscales e intervendrá en las causas del Tribunal Superior de Justicia.
El perfil del candidato para este puesto no sólo resulta carente de idoneidad -ya que no cuenta con formación ni trayectoria en Derecho Penal- sino que actualmente se desempeña como Procurador del Tesoro de la Provincia, lo cual socava gravemente el mandato constitucional de la independencia entre los poderes.
Además, se advierte que el abogado postulante no cuenta con ningún tipo de formación y/o antecedentes en Derechos Humanos, particularmente en perspectiva de género. En ese sentido, es preocupante que la política de persecución penal en Córdoba quede a cargo de una autoridad sin capacitación en esa temática específica, sobre todo en un contexto de vulnerabilidad para mujeres, lesbianas, travestis, trans e identidades no binarias, cuyas vidas y derechos dependen del accionar de la Justicia.
También manifestamos nuestra preocupación respecto al pleno acceso a los derechos sexuales y (no) reproductivos. Es de público conocimiento que Delgado trabajó como abogado en el estudio jurídico de Jorge Rafael Scala, quien ha conducido acciones en contra de esos derechos, como el recurso de amparo en contra del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y una acción en contra de la anticoncepción de emergencia.
En la entrevista que mantuvo con la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura pidió que no lo discriminen por su fe religiosa y manifestó que no iba adelantar su posición respecto de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Si es designado es posible que deba dictaminar al respecto y tendrá que reconocer que la ley 27.610 es legislación vigente, nada menos que sancionada por el Congreso de la Nación, con un fuerte apoyo social y compatible con la Constitución Provincial, la Constitución Nacional y los tratados internacionales de Derechos Humanos.
La posibilidad de que Delgado resulte electo como Fiscal General representa una amenaza a nuestros derechos y nos interpela como ciudadanas feministas. Su designación constituye un peligro de criminalización a mujeres, lesbianas, travestis, trans e identidades no binarias y toda persona con capacidad de gestar. Resulta preocupante concederle el poder de persecución a un reconocido antiderechos y abona a la construcción de un sistema de justicia patriarcal.
En una época de avances, gracias a las políticas de género transversales a todas las dependencias del Estado, la provincia de Córdoba no puede dar un paso atrás: una Justicia que desoye las transformaciones y demandas del movimiento feminista es una Justicia que retrocede. Nosotrxs no daremos un paso atrás. Los derechos conquistados deben ser garantizados. Seguiremos atentas para garantizar que todxs en la provincia puedan ejercer su autonomía y libertades.
