Por Natalia Rodríguez y Luján Farfán Ramos
En lo que va de 2024, la inflación acumulada se situó en un 95,8%, mientras que la interanual alcanzó un alarmante 309%. Ante este panorama de extrema vulneración de derechos, diversos espacios se articulan en un espacio plural y diverso donde se privilegia la voz y la experiencia de los sectores populares.
Argentina atraviesa una crisis económica y social de enorme magnitud. Frente a este contexto, los movimientos populares, organizaciones sociales y sectores de la Iglesia Católica se encuentran articulando en un espacio denominado Común Unión.
Esta red de organizaciones nació en 2014 con el objetivo de visibilizar la violencia institucional que sufren las personas jóvenes en los barrios más empobrecidos y marginalizados de la ciudad. Así, comenzaron a organizarse frente a las razzias policiales, las detenciones arbitrarias por el ex Código de Faltas (ahora Código de Convivencia) y por la creciente presencia del narcotráfico en los barrios.
Común Unión es un espacio plural y diverso donde se privilegia la voz y la experiencia de los sectores populares. Actualmente, están volviendo a articular en un contexto de extrema vulneración de derechos, de una política de hambre, de estigmatización de los espacios de organización social y comunitaria y, nuevamente, de violencia institucional porque se persigue a quienes salen a reclamar por sus necesidades básicas.
Conversamos con Natalia Rodríguez y Luján Farfán Ramos, referentes de Común Unión e integrantes de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), organización que forma parte del espacio.
«En Común Unión están compañeras y compañeros que trabajan directamente en los lugares más golpeados por la crisis: cooperativas, merenderos, comedores, centros de asistencia a jóvenes con problemas de consumo, organizaciones de la economía popular. Como CDD, conocemos el trabajo arduo y el compromiso inquebrantable de todas estas personas y organizaciones que son parte de esos territorios. Desde cada uno de esos lugares se construye la tan ansiada justicia social, un horizonte que también es el nuestro».
Situación social y reclamos urgentes
Según el último informe del centro de almaceneros de Córdoba, en lo que va de 2024, la inflación acumulada se situó en un 95,8%, mientras que la interanual alcanzó un alarmante 309%.
La canasta básica total indicó que la línea de pobreza llegó a 1.088.688 pesos para una familia de cuatro integrantes, aumentando un 2,1%. Es decir, para que una familia no roce la línea de indigencia debe tener un ingreso mínimo de $604.238.
Además, durante julio del 2024 «por falta de recursos, tres de cada 10 de las familias encuestadas expresaron que algunos de sus integrantes sintieron hambre, pero no ingirieron alimentos».
En este panorama, las iniciativas como Común Unión se convierten en fundamentales, al igual que las acciones que de allí convergen. Por ejemplo, el pasado 7 de agosto se realizó una movilización en el Día de San Cayetano por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo.
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Frente al ajuste proveniente del Gobierno nacional, destacaron algunas problemáticas visibilizadas en la jornada, como la señalada por Iván Córdoba de UTEP, sobre el recorte del salario social complementario que sufrieron los trabajadores de la economía popular a partir de un conjunto mayor de recortes y la desfinanciación de políticas públicas.
También reclamó la persecución, violencia institucional y ataques hacia organizaciones sociales al ser llamados «gerentes de la pobreza» por parte de medios hegemónicos y un sector de la política.
Por su parte, Adriana Ochoa, referente de DDHH, señaló la realidad de muchos barrios populares que quedaron sin comedores; los que aún quedan, se sostienen con la ayuda de los vecinos ante la ausencia del estado.
En este punto, desde Común Unión destacaron que existe una iniciativa para la construcción de una política pública alimentaria en la provincia. Se trata de un proyecto de Ley de Emergencia Alimentaria que es parte de un trabajo en conjunto entre La Poderosa y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).
Respecto a la movilización, además de exponer la realidad que están atravesando los barrios, se hizo hincapié en la capacidad de organización que tiene el pueblo.
Las palabras de Mercedes Ferrero de Trabajadoras y trabajadores Unidos por la Tierra son un buen resumen de la jornada: “Somos planeros porque tenemos planes: Los de construir un futuro para todos: los de poder soñar juntos un mundo de Paz, Pan Tierra, Techo y Trabajo, para lograr la dignidad de todos y todas”.
Mujeres, iglesia y resistencia
Las mujeres son las que, en su inmensa mayoría, sostienen los espacios de apoyo y asistencia comunitaria. Son las que preparan las comidas en los merenderos y comedores, además de todas las tareas de cuidado de la comunidad y de sus propias familias.
En este momento «están desbordadas por el aumento de personas que acuden a ellas por un plato de comida, por medicamentos y por muchísimas otras urgencias a las que no pueden responder por el ajuste económico que sufren. Tengamos en cuenta que ellas son multiplicadoras de raciones de comida, poniendo de sus propios bolsillos para que alcance un poco más, una situación que resulta insostenible», señalaron las integrantes de Católicas por el Derecho a Decidir y referentas de Común Unión.
Estas son las mismas mujeres que, como lo indicaron en el Encuentro, eran llamadas heroínas en tiempos de pandemia y que hoy son blanco de ataques y difamaciones.
«Sostenemos el reclamo de las mujeres que sostienen la vida en los barrios de más presencia y acompañamiento, como también de recursos para poder seguir manteniendo en pie comedores y merenderos, en donde además funcionan espacios deportivos y culturales que mantienen alejadas a las infancias y juventudes de la droga. Estas son las casas de puertas abiertas en donde la indiferencia no es una opción. Las compañeras han sido muy claras: si las organizaciones de los barrios desaparecen, lo que se instala es el negocio del narcotráfico. Son ellas las que gestionan a partir de la organización los reclamos y cambios que quieren para sus barrios y sus vidas» apuntaron las entrevistadas.
Otra parte muy importante de Común Unión lo conforma el sector de la Iglesia católica cordobesa que participa activamente de estas instancias de diálogo y trabajo en conjunto; conoce las múltiples violencias que atraviesan las personas empobrecidas que acuden a las parroquias y espacios comunitarios de los barrios más vulnerabilizados.
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«El hecho de que haya un sector de la Iglesia Católica apoyando estas luchas del pueblo por su dignidad es relevante para las personas cristianas en general. Esta es la Iglesia con los pies en el barro en la que trabajan numerosas mujeres sosteniendo roperos comunitarios, ferias solidarias, talleres de oficios, etc» afirmaron las entrevistadas.
Al respecto, enfatizaron que el 20 de junio se realizó en Córdoba una misa en apoyo a las mujeres que sacan adelante comedores comunitarios, convocado por curas de barrios populares, instancia en la que el mensaje fue «el hambre no puede esperar». Las misas se repitieron en otras ciudades del país como Mar del Plata, Santiago del Estero, Salta y Buenos Aires.
A su vez, en la concentración y acto por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo en ocasión de la festividad de San Cayetano, se realizó la bendición de las herramientas de trabajo.
«Desde otros lugares de la misma institución católica, sin embargo, vemos un desacuerdo con esta postura; son justamente los grupos que se oponen a la justicia social, a los avances en materia de derechos y que se inscriben dentro de los negacionistas de los crímenes de estado ocurridos durante el último golpe cívico, militar y eclesial en nuestro país. Estos dos modelos de iglesia históricamente han estado en puja. Como Católicas por el Derecho a Decidir, siempre hemos mantenido nuestra posición de ser iglesia-pueblo, siempre del lado de las luchas sociales, impulsando y defendiendo derechos«.
