La justicia no es neutral: está atravesada por relaciones de poder que condicionan el acceso real a los derechos. En América Latina y el Caribe, esta disputa define no solo quién accede a la justicia, sino también la calidad de nuestras democracias.
En América Latina y el Caribe, se configura como un campo de disputa atravesado por poderes políticos, económicos y religiosos que condicionan el acceso real a los derechos y marcan los límites de lo posible para millones de mujeres y niñas.
En este escenario, la 70.ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70), realizada entre el 9 y el 19 de marzo en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, volvió a poner en el centro una pregunta urgente: ¿qué significa garantizar el acceso a la justicia? Más que un espacio de intercambio institucional, la participación de las organizaciones feministas y de la sociedad civil buscó tensionar estos debates para que los compromisos internacionales no queden en el plano discursivo, sino que se traduzcan en decisiones concretas.
Denunciar la justicia que excluye
En representación de la Red de Católicas por el Derecho a Decidir de América Latina y el Caribe, nuestra compañera Mónica Menini, presidenta de Católicas por el Derecho a Decidir Argentina, denunció la persistente injerencia de dogmas religiosos en los sistemas judiciales de la región. Lejos de ser imparciales, estos sistemas continúan atravesados por sesgos patriarcales, racistas y moralistas que reproducen violencias y restringen el acceso a derechos.
Esta situación afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas en situación de pobreza, rurales, indígenas, afrodescendientes, migrantes, personas trans y con discapacidad, que enfrentan múltiples barreras para acceder a una justicia efectiva.
Uno de los puntos más críticos es la judicialización del aborto. Incluso en contextos donde está previsto por la ley, el uso del poder judicial se ha convertido en una herramienta para obstaculizar su acceso. A esto se suma la expansión de discursos que buscan desacreditar las denuncias por violencia de género, así como prácticas arbitrarias que debilitan las democracias y persiguen a quienes defienden derechos.
Frente a este escenario, la demanda es clara: avanzar hacia sistemas de justicia laicos, accesibles e interseccionales, capaces de garantizar derechos sin discriminación ni impunidad.
Un sistema internacional en disputa
Estas discusiones se inscriben en un momento de fuertes tensiones a nivel global. El multilateralismo atraviesa una etapa de reconfiguración, marcada por disputas sobre el sentido de los derechos humanos, la igualdad de género y el rol de los organismos internacionales.
En el evento paralelo “Feminismos, Multilateralismo y Futuros Posibles”, organizaciones feministas de la sociedad civil de la región señalaron que estos debates no son técnicos, sino profundamente políticos. Procesos como el UN80, impulsados bajo criterios de eficiencia y reorganización institucional, abren interrogantes sobre el riesgo de debilitar agendas de género y marcos normativos conquistados.
A esto se suman las tensiones en torno al financiamiento para el desarrollo, donde persisten modelos económicos que reproducen desigualdad, endeudamiento y recortes en políticas públicas. En este contexto, la distancia entre los compromisos asumidos y su implementación efectiva sigue siendo una de las principales deudas del sistema internacional.
Para CDD Argentina, garantizar el acceso a la justicia requiere no solo marcos normativos, sino decisiones políticas concretas, recursos sostenidos y sistemas verdaderamente laicos. En un escenario de creciente disputa, la apuesta feminista es clara: sostener y ampliar derechos para que la justicia deje de ser una promesa y se convierta en una práctica real para todas.
