Las sanciones mediáticas y/o judiciales aplicadas a Cristina Fernández, Alexia Abaigar, Eva Mieri y Julia Mengolini tienen un mismo hilo conductor: la pretensión de disciplinar a las mujeres en general, a las mujeres militantes en particular y a las mujeres feministas y kirchneristas más especialmente. Se espectaculariza el disciplinamiento mientras degradan la democracia. En esta nota, el análisis de Pate Palero y Rocío García Garro de Católicas por el Derecho a Decidir.
No es una novedad del discurso libertario ni un elemento aislado de una ideología fascista el punitivismo como arma de destrucción de los vínculos sociales y la represión como herramienta imprescindible para censurar cualquier señalamiento de desigualdades e injusticias, dice asertivamente Pate Palero, directora ejecutiva de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), y agrega: «Algo habremos hecho los movimientos de mujeres y los feminismos para ganarnos esta atención particular».
Hay situaciones concretas, en este último tiempo, de persecución política y criminalización hacia quienes militan políticamente desde la vereda de frente al gobierno libertario, hacia quienes defienden los derechos humanos, a defensoras ambientales, periodistas, feministas. Las garantías constitucionales, que tanto ribete le dan a las democracias, parecen haber sido desbordadas y esto no es una miopía de los abusos policiales ni los malos procedimientos judiciales con los que hemos convivido hasta ahora, como el emblemático caso de Milagros Sala y la persecución a la organización Tupac Amaru. Sin embargo, algunos acuerdos se han desdibujado y el Poder Ejecutivo en la cabeza, con sus ministerios, sus fuerzas de seguridad y sus milicias digitales, gobiernan y alimentan una política autoritaria que cuenta con el aval de parte del poder judicial.
Es que el negacionismo libertario, dice Palero, «lejos de tomar nota, pretende erigirse en confrontación con los consensos internacionales, como ‘mejor alumno’ de las instrucciones de Trump. Y alienta a sus principales voceros a multiplicar y profundizar el odio contra las mujeres, los feminismos y las diversidades como elementos peligrosos«.
Las detenciones arbitrarias en las manifestaciones contra la Ley Bases abrieron una frecuencia que está cobrando otras intensidades, con la naturalización de los miércoles de represión a jubilados, con un protocolo hecho a medida de una gestión antiprotesta y con otros mecanismos como la arbitrariedad del uso del sistema de justicia. Alexia Abaigar, Eva Mieri, Candelaria Montes, Aldana Muzzi e Iván Díaz Bianchi están acusades de haber “presuntamente” participado en el escrache a la casa del diputado por La Libertad Avanza, José Luis Espert. Estuvieron detenidas, Alexia fue incomunicada en Ezeiza y, luego de nueve días, liberada con tobillera y excarcelación bajo fianza. Eva fue la última en ser excarcelada, luego de 20 días en prisión. Eva Teresa Pietravallo, de 69 años, madre de Alexia, estuvo detenida dos días.
Para la abogada Rocío García Garro, coordinadora del área de litigio de CDD, estamos ante hechos que no son aislados. “Desde que este gobierno asumió, las mujeres con visibilidad pública y discurso crítico se convierten en objetivos estratégicos. Abaigar, Mieri, Mengolini y Cristina son parte de un patrón que combina disciplinamiento político de las mujeres con el uso instrumental del Poder Judicial como herramienta para excluir y silenciar. El mensaje es claro: quien cuestione, quien resista, quien incomode será castigada”.
Espectacularizar el disciplinamiento
El diputado Espert, quien denuncia el escrache, es el mismo que tiene una larga trayectoria en vociferar ―en funciones de su cargo público― “cárcel o bala” a dirigentes de la izquierda y movimientos sociales; insultó a Florencia Kirchner en un congreso, dijo que hay que “ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro” y muchas otras expresiones que insisten con los balazos y el desprecio total hacia la gran mayoría de personas.
Las milicias digitales seguidoras de Milei se expresan con agresividad permanente, pedidos explícitos de violencia, comentarios cargados de odio y discriminación. No hay consecuencias ni fiscalías que atiendan a esa realidad que se teje en las redes y repercute en formas antidemocráticas de convivencia cotidiana y no solo detrás de las pantallas. “Es el mismo Estado que no persigue delitos graves, pero activa todo su aparato frente a quienes representan una amenaza simbólica. Se criminaliza y castiga a mujeres por manifestarse, mientras vivimos un renacer de los discursos de la ‘mujer mendaz’, que banalizan las denuncias de las mujeres, las cuestionan, buscan criminalizarlas; mientras tanto, abusadores y golpeadores siguen libres. Es evidente: el Poder Judicial está al servicio de la batalla cultural que libra la derecha y los intereses concentrados”, reflexiona García Garro.
La semana pasada, la comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Baja, presidida por la diputada Mónica Macha, convocó a una jornada para denunciar la violencia política y la persecución judicial contra mujeres. Con la presencia de Julia Mengolini, Raúl Zaffaroni, Nancy Pazos y Marisa Herrera, entre otrxs, la comisión dictaminó proyectos de declaración contra la violencia política que el Poder Judicial y sectores el oficialismo ejercen contra Cristina Fernández; otros con foco en la violencia ejercida por Espert contra Florencia Kirchner y contra las militantes kirchneristas detenidas, y proyectos contra la persecución y hostigamiento a periodistas críticas y a referentes LGBTIQ+.
A principios de junio, de forma arbitraria, el gobierno argentino intentó vetar la participación de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) en la 55ª Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), acusando a la ONG del posicionamiento favorable al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Fue la primera vez en la historia de la organización que pasó algo así. Como la decisión del Estado argentino no es vinculante, Rocío García Garro participó y presentó un documento denunciando los recortes, retrocesos y censura contra quienes defienden los derechos sexuales y reproductivos en la región.
«Para mí, estas situaciones son una señal de alarma. No solo por lo que significan para quienes hoy son perseguidas, sino por el efecto inhibidor que generan en toda la sociedad. El mensaje es claro: si sos mujer, si tenés visibilidad, si hablás fuerte, podés ser la próxima. El miedo como estrategia de control es el verdadero objetivo. Y frente a eso, el silencio y la resignación no pueden ser una opción», aclara Rocío.
“Ya odiaron lo suficiente”: el caso de Julia Mengolini
La periodista ha sido un objetivo claro desde que asumió este gobierno, pero, hace unas semanas, se vio expuesta a un ataque violento y organizado en el terreno en el que se maneja el libertarismo, las redes sociales. Muchísimas cuentas trolls, bots pagos, dirigentes nacionales libertarios y el propio presidente, que llegó a publicar más de 80 tuits sobre ella, se articularon para difundir un video creado con IA para instalar una mentira sobre su vida privada. «Me propuse que este caso, que me generó muchísimo dolor, lo iba a llevar hasta las últimas consecuencias. Por eso, hicimos una denuncia penal», expresó la periodista en la presentación de la denuncia junto a su abogado, Juan Grabois. Y agregó: “Me propuse dejar precedente porque escucho a un director de escuela decir que, en las escuelas, están batallando para que los adolescentes no tomen fotos de sus compañeras y, luego, con eso, construyan imágenes con la IA para mortificarlas. ¿Cómo vamos a hacer ahora si el propio presidente lo avala?”.
El presidente Milei, replica algunos patrones de la derecha internacional, por ejemplo, el bolsonarismo cuando gobernó, atacó a las periodistas Laurene Santos, Patricia Campos Mello y Vera Magalhaes. Palero y García Garro coinciden en que Mengolini sufre un disciplinamiento basado en amenazas constantes, campañas de odio, exposición pública dirigida desde las más altas esferas del gobierno. La violencia digital es hoy una herramienta real de persecución política y lo que estamos presenciando es un uso sistemático del aparato estatal para instalar el miedo como política pública.
Detenciones como persecución política y proscripción
El presidente Javier Milei estuvo hace unas semanas en la provincia de Chaco, en la inauguración de la iglesia evangélica Portal del Cielo. Allí, en su discurso dijo: “Están empezando a caer presos”. Semanas antes, el mismo día que se detenía a Abaigar, dijo en una conferencia: “Sí, soy cruel con ustedes, kukas de mierda”. No es casualidad que persigan a las mujeres peronistas y la máxima expresión de esto es la condena judicial a Cristina Fernández que envía un mensaje a todo un campo político.
“No entendía nada y pude abrazar la idea de que esto es una persecución política desmedida”, expresó Alexia, directora de Promoción de Derechos del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires. En varias entrevistas que dio, luego de ser liberada, detalló que buscaban panfletos, un pasacalle y prendas de vestir de un determinado color. Los oficiales pusieron arriba de la mesa el libro Sinceramente, de autoría de Cristina Fernández, “también un póster de Evita y un cuadernillo de formación política. Un vecino que estaba de testigo, cuando vio eso, dijo: ‘No sabía que era un delito ser militante’. Le secuestraron el teléfono, el auto y la computadora.
La directora ejecutiva de CDD advierte que la preocupación por las violencias que sufren las mujeres que se dedican a la política ya fue suscripta por el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, en el marco de la OEA. Y destaca que, en marzo del 2023, vino un grupo de especialistas de la OEA para analizar los ataques sufridos por mujeres en su actividad política en el país, quienes advirtieron el riesgo y formularon recomendaciones, ante el peligro de radicalización de la violencia que anticipaba la asunción de Milei: «Las mujeres que disputan liderazgo a nivel territorial; las periodistas que ponen en la agenda pública los temas de género; las sindicalistas y las defensoras de derechos humanos que defienden a mujeres se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad», decían a principios de 2023.
“El informe se realizó a partir de tres casos emblemáticos que fueron emergentes de una situación mucho más extendida, previa a la oficialización de la violencia mileísta: Las Ramonas Atrevidas, siete dirigentas del radicalismo catamarqueño, castigadas con una suspensión de cinco meses luego de haber impugnado la candidatura de un dirigente acusado de acoso y abuso sexual; el intento de magnicidio contra Cristina Fernández; y el episodio con insultos misóginos y sexistas ejercidos en contra de la presidenta de la Cámara Baja, Cecilia Moreau, durante el cual se destacó el gesto obsceno realizado por el diputado Cristian Ritondo evocando una violación”.
Lideresas de diferentes partidos políticos, periodistas y mujeres defensoras de derechos humanos, prácticamente en su totalidad, coincidieron en que los hechos de violencia que vivieron pretendían tener un carácter disciplinador, por ejercer sus derechos en espacios que tradicionalmente no les pertenecían o habían sido masculinizados. “Sin embargo, estas violencias muchas veces pasaron desapercibidas o fueron silenciadas, porque se asumieron como parte del hecho de hacer política o llevar adelante la agenda feminista. En su mayoría, esas situaciones no fueron repudiadas ni siquiera por los propios compañeros de partido ni por los discursos públicos”, explica Palero.
Para las integrantes de Católicas por el Derecho a Decidir, las activistas de derechos humanos estamos ante desafíos nuevos que implican reactivar nuestros anticuerpos antifascistas. «Revisar nuestras prácticas militantes y erradicar sectarismos, dogmatismo e individualismo. Tener alertas más tempranas, solidarias y colectivas, crear nuevas estrategias comunitarias, desde los territorios, para el mundo que soñamos».
