El acceso a los derechos sexuales y reproductivos no depende sólo de las leyes: sin ellas no se puede, pero muchas veces son insuficientes. En los años 90 se acuñó la expresión “justicia reproductiva” para hacer referencia al conjunto de factores sociales, políticos y económicos que permiten a las mujeres ejercer sus derechos sexuales y su destino reproductivo. El panorama en Argentina y en América Latina es desigual. Cuando se conmemora el Día de Acción Global por el Aborto, desde el Área de Litigios de CDD explican las razones de esa desigualdad.

En el mes de la Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro es fundamental hablar de justicia reproductiva, un concepto que va más allá de la libertad individual de elegir; se trata de que las decisiones reproductivas -aunque socialmente condicionadas- no sean impedidas por razones de clase, etnia o identidad de género.

El 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el acceso al aborto legal, que en Argentina se tradujo en la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo que garantiza a mujeres y personas gestantes el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos.
Según información oficial del ministerio de Salud, desde la sanción de la ley se han realizado un total de 245.732 interrupciones voluntarias y legales del embarazo en el sector público. De enero a septiembre de 2023, último mes con datos disponibles, se consignaron 69.421 IVES e ILES en todo el país, de acuerdo a un pedido de información pública que respondió la entonces directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Valeria Isla.

Como se recordará, las interrupciones voluntarias del embarazo, IVE, son las que se realizan sin más requisito que la decisión de la persona embarazada hasta la semana 14, mientras que las interrupciones legales, ILE, son aquellas que se realizan después de ese plazo, cuando está en riesgo la vida o la salud de la persona gestante o si el embarazo es producto de una violación.

Según el ministerio de Salud de la Nación que funcionó hasta el pasado mes de diciembre, entre enero y octubre de 2023 el Estado Nacional distribuyó 70.428 tratamientos de misoprostol, 46.972 tratamientos de combipack (mife + miso), más de 8.000 tratamientos combinados (mife + miso) y 1000 kits de AMEU.

La distribución de estas prácticas médicas en el país es desigual. El mayor registro de abortos desde 2021 hasta septiembre del 2023 corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde 34 de cada mil mujeres en edad fértil accedieron a la práctica. En provincias como Chaco o Misiones se consignan los registros más bajos, con 9,1 y 10,1 cada mil mujeres respectivamente, según el informe “Es mucho más que un aborto” del Proyecto Mirar.

En América Latina las garantías para el acceso tanto a la IVE como a la ILE son desiguales según el informe “Leyes y sombras. Regulación de aborto en América Latina” realizado por Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI). Los motivos de esa disparidad, en los 16 países que analiza el informe, van desde las dificultades para cumplir con todos los requisitos necesarios para acceder a la práctica, hasta las barreras de acceso a los medicamentos específicos que se entregan en hospitales, aunque también por la necesidad de contar con una receta médica u otras exigencias como  ecografías y otros estudios previos. Estas trabas al acceso prolongan los plazos y terminan restringiendo o directamente imposibilitando el derecho al aborto. En este sentido y siempre según el informe, Colombia y Argentina son los países con mejor acceso a la IVE/ILE.  

La abogada feminista Rocío García Garro, coordinadora del área de Litigio de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), afirma que el factor económico es uno de los principales problemas: “En un enfoque interseccional, la pobreza es la mayor limitante para el acceso”.

Marina Gudiño, otra colega del área de litigio de CDD, agrega que existe además un problema de territorialidad. “Se ve que con la ruralidad el acceso es más limitado y que si bien hay organizaciones y profesionales de la salud que trabajan específicamente en territorios postergados, esto está asociado a que en general en las provincias con mayores índices de pobreza hay mayor conservadurismo. En el noroeste y el nordeste argentino los sectores conservadores y las iglesias, no sólo las católicas, tienen una fuerte presencia. Y en las provincias de la región centro, que son un poco más progres, el acceso a los derechos reproductivos es más fácil”, señala.

Rocío García Garro piensa que otro problema que vulnera el derecho al aborto es la criminalización de las mujeres que solicitan o acceden a la práctica. ”Generalmente pertenecen a sectores populares, donde se conjuga una trayectoria escolar muy breve con la falta de acceso económico a un abogado o abogada, de modo que quedan a merced de las asesorías letradas, que suelen ser profesionalmente excelentes pero que en la actualidad están totalmente colapsadas”.

Por otro lado, y a pesar de la falta de datos del sector privado, la abogada Marina Gudiño puntualiza que existen casos de mujeres que se enfrentaron con trabas de las obras sociales. “En estos casos cuesta llegar a la justicia. Son las usuarias quienes deciden no hacer la denuncia, por lo general ponen toda su energía en salvar rápidamente las dificultades”, dice Marina y agrega: “Tuvimos un caso en la obra social privada OSDE, que primero le negó el acceso a la práctica a una mujer pero después de la intervención de la Superintendencia de Salud la tuvo que autorizar…El tema fue que la joven era adherente, la titular era su mamá, y desde la obra social se le notificó la práctica a su madre”. 

El secreto profesional es uno de los datos importantes a tener en cuenta cuando se habla de acceso. “En Argentina este es un dato problemático, por la relación con los funcionarios públicos”, aclara Rocío. En el marco de una emergencia obstétrica, “antes de llegar hasta el profesional de la salud una mujer debe sortear un montón de situaciones, comenzando por el personal policial; luego salen de ahí y hay una cantidad de barreras hasta que llegan al profesional…Siempre con el temor de que cualquiera de los que participan de ese proceso la denuncien”. 

Marina Gudiño explica que esta situación es más grave en pueblos pequeños o centros de salud de barrios, donde hay muchas personas que se conocen, lo que obliga a un traslado hacia otro pueblo u otro barrio para evitar el estigma. 

Si bien el acceso al aborto se garantiza en distintos países de América Latina y el Caribe, existen particularidades que generan medidas restrictivas en la práctica. Las realidades son diferentes, existen países con legislación para acceder al aborto voluntario, como Uruguay, Colombia, Cuba, México (en cuanto a su regulación federal) y Argentina; hay otros en los que sólo se accede por causales, como Bolivia, Chile, Brasil, Panamá, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, Guatemala y Perú, y otros países con una prohibición explícita. 

El informe “Leyes y sombras” presenta un panorama regional, pero la situación de cada país es única. Hay naciones con acceso al aborto voluntario que también tienen una ley sobre el derecho al aborto por causales. Las semanas límites varían desde las 24 (Colombia para las IVE) hasta las 8 (Panamá para las ILE en el caso de violación). En el mundo hay menos de 10 países con la prohibición legal para el acceso al aborto, tres de ellos en América: República Dominicana, El Salvador y Honduras.

El ascenso de gobiernos neoconservadores y la merma de las posibilidades reales de acceso al aborto se encuentran totalmente imbricados. Rocío García Garro afirma que “el caso de Argentina es muy problemático por la novedad y la velocidad de los cambios políticos. En líneas generales los países más progresistas como Colombia, que tienen tanto aborto por causales como libre; México, con modificaciones de estado a estado, aunque también se están dando legislaciones regresivas en dos estados en los que se bajó de la semana 12 a la 6”.

La presidencia de Javier Milei se ha declarado enemiga de las políticas de salud reproductiva. Mariana Gudiño señala que “a raíz de la eliminación de todas las políticas públicas en materia de derechos de las mujeres y la diversidad, el gobierno (de Javier Milei) profundiza el ajuste. La traba está ahí, en la falta de insumos” En la actualidad cada provincia tiene que garantizar sus insumos, con una consecuencia directa de facilitar u obstaculizar el acceso, lo que acentúa la desigualdad: las provincias con menos recursos son, por lo general, las más conservadoras. 

El panorama argentino es preocupante. La regresividad en materia de Derechos Humanos en general y de los derechos sexuales y reproductivos en particular, auguran un escenario complejo. En palabras de Rocío García Garro, “el actual gobierno argentino ha colocado a los movimientos de mujeres y de la diversidad como enemigos”. Sin embargo, es justamente allí donde reside la esperanza.