En la actualidad, vivimos en una sociedad plural en que las expresiones de respeto a las diferencias son cada vez más necesarias para el avance en términos de derechos. Vemos con preocupación un proceso de creciente presencia pública de posiciones conservadoras en diversos países de Latinoamérica y el Caribe, en donde se verifica la pretensión -cada vez más clara- por imponer concepciones de la moral y la ética propias, que niegan espacio a la necesaria diferencia y pluralidad de voces sobre las cuestiones públicas.
Ancladas en otras épocas, estas visiones ligadas a diferentes aspectos de lo religioso intentan limitar la vida y autonomía de las personas a través del disciplinamiento de los cuerpos y el tutelaje de la experiencia humana. Ante el evidente fracaso de sus enseñanzas morales entre la propia feligresía –pues las estadísticas demuestran que en países de mayoría católica, altos porcentajes de la población contravienen las enseñanzas relacionadas con la sexualidad y la reproducción–, la jerarquía católica intenta influir en las políticas públicas y la educación impartida a las nuevas generaciones. Desde la Tercera Conferencia sobre Población y Desarrollo de El Cairo (1994) y la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing (1995), convocadas por la ONU, han sido evidentes los intentos por imponer criterios de moral sexual no sólo a católicas y católicos, sino también a quienes no profesan esta fe. En esas conferencias, quizá por primera vez en el siglo XX, el Vaticano en su condición de Estado se consolidó como actor político en asuntos de trascendencia nacional e internacional. Los derechos de las mujeres, la sexualidad, la salud reproductiva y las políticas de población se volvieron eje de debate como nunca antes en el escenario político mundial.
Convencidas de que el laicismo constituye una condición imprescindible para el ejercicio de los derechos, sustento clave para alcanzar el bienestar de todas las personas, decimos y exigimos: Estado Laico, personas libres. El Papa Francisco reivindica y propone también desde su lugar la defensa del Estado Laico. La aceptación católica de este principio es muy reciente. Hace poco más de cincuenta años que se reconoció en la Declaración sobre la libertad religiosa del Concilio Vaticano II. Un hecho que deja atrás más de 17 siglos –desde la conversión de Constantino hasta 1966– de creencia inflexible en que la ley civil debe adecuarse a las enseñanzas morales de la Iglesia. Así pues, es comprensible que los dirigentes eclesiásticos aún tiendan a creer que deben ocupar un lugar privilegiado en el proceso político. En este contexto, hemos sido las mujeres y colectivos LGBTIQ+ quienes con frecuencia pagamos con nuestras libertades las concesiones de la clase política al poder eclesial. Por ello, decimos: El autodisciplinamiento de políticos/as a las jerarquías locales o vaticanas atenta contra la autonomía de las mujeres, sea económica, reproductiva o política.
Es necesario, entonces, volver a reivindicar un Estado Laico que garantice igualdad en el acceso a derechos, atendiendo a la diversidad de posturas sobre temas en lo que es preciso defender la autonomía sobre el propio cuerpo y promover el respeto por los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos. El Estado debe asumir, hoy más que nunca, la responsabilidad de legislar y gobernar para una sociedad diversa y plural, entendiendo que las creencias religiosas no pueden influir en la labor pública.
Campaña Estado Laico, personas libres.
Católicas por el Derecho a Decidir Argentina
