En el Senado de la Nación, desde Católicas por el Derecho a Decidir Argentina e Incidencia Feminista, junto a organizaciones feministas, de derechos humanos y referentes del ámbito jurídico, impulsamos —con la colaboración del senador nacional Carlos Linares— una respuesta colectiva para poner en agenda los riesgos del proyecto sobre las mal llamadas “falsas denuncias” y reafirmar una certeza política: defender el derecho a denunciar es defender el acceso a la justicia. Esta iniciativa forma parte de una articulación sostenida que, a través de distintos encuentros y conversatorios, continúa fortaleciendo el debate público frente a propuestas que buscan profundizar barreras, desalentar denuncias y debilitar derechos.
Cuando denunciar puede convertirse en un nuevo riesgo, defender la palabra también es una forma de sostener derechos. En el Senado de la Nación, desde Católicas por el Derecho a Decidir Argentina e Incidencia Feminista, junto a organizaciones feministas, de derechos humanos, especialistas y referentes del ámbito jurídico, impulsamos una respuesta colectiva para poner en agenda los riesgos del proyecto S-228/2025, presentado por la senadora Carolina Losada. Con la colaboración del senador nacional Carlos Linares, el encuentro reunió voces diversas para decir con claridad que el problema no son las mal llamadas “falsas denuncias”: el problema sigue siendo la violencia, las desigualdades en el acceso a la justicia y los intentos de volver a sembrar sospecha sobre quienes se animan a denunciar.
“Las víctimas de violencia de género y de delitos contra la integridad sexual merecen un Estado que las proteja”, sostuvo Yama Corin, madre protectora e integrante de Mundanas Agrupación, poniendo en palabras una certeza compartida a lo largo de toda la jornada: cuando se pone en duda la palabra de quienes denuncian, no se protege a nadie; se fortalece el silencio.
Uno de los consensos más contundentes del encuentro fue desarmar el diagnóstico falso sobre el que se sostiene este proyecto. Las expositoras coincidieron en que no existe evidencia que demuestre una problemática estructural de denuncias falsas en casos de violencia de género, abuso sexual o delitos contra niñas, niños y adolescentes. Lo que sí existe —y persiste— son enormes barreras para denunciar. “Hay pocos pedidos de asistencia hacia la justicia, que tienen que ver con las barreras para el acceso. La Argentina avanza cuando resuelve los problemas, no cuando genera miedo”, advirtió Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA. Los datos son claros: solo una de cada cuatro mujeres que atraviesa situaciones de violencia busca ayuda institucional.
En esa misma línea, Estela Díaz, ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, señaló que detrás de esta iniciativa existe un posicionamiento político e ideológico que contradice los marcos normativos nacionales e internacionales de protección. Lejos de ofrecer respuestas reales, el proyecto instala nuevas amenazas sobre quienes ya enfrentan miedo, revictimización y obstáculos estructurales para acceder a la justicia. En lugar de ampliar protección, busca reinstalar sospechas sobre víctimas, sobrevivientes y sus redes de acompañamiento.
Las advertencias también fueron contundentes desde el campo jurídico y de derechos humanos. María Elena Naddeo, de la APDH, denunció que esta propuesta reactualiza prejuicios históricos que desacreditan especialmente a mujeres, madres protectoras y sobrevivientes de abuso. Alejandra Tolosa, de CLADEM Argentina, recordó que organismos internacionales como CEDAW ya advirtieron sobre los riesgos de avanzar con reformas que desalienten denuncias o menoscaben la credibilidad de víctimas. No se trata solo de una discusión legislativa: está en juego la responsabilidad del Estado frente a compromisos asumidos para prevenir, proteger y garantizar derechos.
Otro de los puntos centrales fue el efecto disciplinador que este tipo de proyectos puede generar. No solo se amenaza a quienes denuncian; también se busca sembrar miedo sobre profesionales de la salud, equipos interdisciplinarios, testigos y personas que acompañan procesos de denuncia. En contextos donde producir pruebas ya suele ser profundamente difícil, agregar nuevas amenazas penales implica reforzar el silencio y debilitar las posibilidades de acceso a la justicia.
A lo largo de la jornada, las voces fueron diversas, pero la conclusión fue común: no estamos frente a una iniciativa destinada a resolver problemas reales, sino frente a una propuesta que puede ampliar desprotección, fortalecer impunidad y volver más difíciles los caminos de quienes buscan denunciar violencias. Por eso, poner este debate en agenda también fue una forma de construir una respuesta política colectiva.
Desde Católicas por el Derecho a Decidir Argentina e Incidencia Feminista, impulsar este espacio fue parte de una convicción profunda: no vamos a aceptar marcos que conviertan a quienes denuncian en sospechosas ni discursos que busquen debilitarnos a través del miedo. En un escenario donde este debate continúa desarrollándose en el Senado, reafirmamos la necesidad de sostener una vigilancia activa, una voz organizada y una agenda feminista capaz de disputar cada intento de debilitar derechos.
