Los derechos de mujeres, disidencias y niñas de Argentina fueron abandonados por el Estado. Lo vivimos día a día, pero no se trata solo de experiencias individuales: la Organización de las Naciones Unidas, a través del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), realizó un pedido urgente al Estado argentino para revertir los significativos retrocesos en derechos de mujeres y niñas durante los últimos dos años. Desde que inició la gestión libertaria, se registran reducciones presupuestarias en políticas clave para la prevención de la violencia, desmantelamiento de programas educativos y de acceso a la salud sexual y reproductiva, falta de estructura para el sostenimiento de sistemas de cuidados e iniciativas que pretenden penalizar a las mujeres que denuncian violencias. 

Por Redacción La tinta

Foto: Ana Medero para La tinta.

Ningún país en el mundo ha logrado la igualdad jurídica plena para las mujeres y niñas. «La impunidad por las violaciones de sus derechos persiste en todo el mundo», indicó la ONU. El retroceso en derechos y condiciones de vida para mujeres, niñas y disidencias ha cobrado un ritmo vertiginoso a nivel mundial, de la mano del avance y la concreción de políticas de la ultraderecha. En este marco, la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer es una herramienta de incidencia que Argentina ratificó en 1985 y, desde entonces, tiene jerarquía constitucional.

En febrero de este año, el Comité de la CEDAW presentó el octavo informe que releva la situación en el país entre 2016 y 2025, y “observa con preocupación” el presente argentino: el Estado no cumple con sus obligaciones, eliminó o desfinanció la mayoría de los programas destinados a mujeres y disidencias, y no elaboró ninguna política para erradicar la violencia y la discriminación. «Las recomendaciones generales que hace el Comité constituyen interpretaciones autorizadas de las obligaciones de los Estados partes en virtud de la Convención y son esenciales para garantizar su aplicación plena y efectiva”. En esa potestad, ordenó al Estado a entregar, en un plazo de dos años, la información que dé cuenta de cómo se garantizaron los derechos vinculados al acceso al aborto legal y seguro, educación sexual integral, políticas de prevención de violencia de género, acceso a la justicia, empleo, paridad de género, entre otros.

La alerta sobre los retrocesos significativos es interseccional: alcanza a todas las mujeres, niñas e identidades sexogenéricas disidentes, pero aquellas personas mayores, empobrecidas, racializadas o alejadas de los centros urbanos son más afectadas por las políticas de ajuste y precarización de la vida. Mientras tanto, las mujeres politizadas, activistas y militantes son perseguidas y criminalizadas desde la estructura estatal.

Este examen no solo recopiló información gubernamental, sino también datos de organizaciones de la sociedad civil. Conversamos con la abogada Mónica Menini,coordinadora del Área de Cabildeo de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD Argentina), una de las organizaciones que cotidianamente releva información sobre el acceso a los derechos en territorios de Argentina: “Esto es muy importante para el movimiento de mujeres feministas en el mundo entero. CEDAW impulsó muchísimas políticas que tienen que ver con la protección y la eliminación de la discriminación contra las mujeres a lo largo de 30 años”, destaca Mónica y refuerza que, cuando estos organismos le hablan al Estado parte, están involucrando al Poder Ejecutivo, pero también al Legislativo y Judicial. 

La preocupación de la ONU no es una sorpresa. “Lo que nosotras sabemos es que sobre las mujeres, las personas adultas mayores, personas con discapacidad, indígenas y migrantes, las transformaciones que existen tienen un impacto que todavía no podemos medir del todo. Las últimas estadísticas vitales, por ejemplo, en salud, llegan solo hasta el 2024. Y lo que estamos leyendo es impresionante. En muy poco tiempo subió la mortalidad materna, subió la mortalidad infantil, subió la mortalidad de personas mayores de 65 años. Las enfermedades que ya habíamos erradicado de nuestro país regresan, es muy rápido el impacto negativo”.

La abogada reconoce que la expresión de organismos internacionales puede llegar a incidir en la vida de mujeres y niñas, tomando por ejemplo las luchas por el derecho al aborto. “Cuando en Argentina llevamos adelante el debate sobre la interrupción del embarazo, sabíamos lo que CEDAW venía diciendo, recomendación tras recomendación, entonces Argentina estaba en una falta internacional por no reconocer la interrupción legal”, recuerda Mónica. Sin embargo, también cabe la incertidumbre respecto a qué hará el Gobierno nacional con este pedido de la ONU.

Mónica plantea que, en un contexto de crisis del multilateralismo, vemos situaciones en todo el mundo que muestran la ruptura del derecho internacional. La próxima semana, CDD Argentina va a participar de la sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70) en Nueva York y es algo de lo que van a conversar específicamente: “El mundo está rompiendo todos los acuerdos internacionales y Argentina está apoyando eso. Preocupa muchísimo que tengamos reformas que de entrada sabemos que son inconstitucionales, como la reforma laboral. Entonces podemos hacernos otra pregunta, ¿realmente la Justicia va a observar si hay inconstitucionalidad o no va a hacer nada?”.

Principales puntos del informe

Como señala la abogada, el informe de CEDAW reconoce avances legislativos logrados desde el examen anterior, principalmente concentrados entre 2016 y 2021. En particular, destaca: la «Ley Diana Sacayán – Lohana Berkins», sobre la promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero (2021); la Ley IVE que legaliza el aborto (2020); la «Ley 1000 Días», sobre la protección integral de la maternidad y la infancia (2020); la «Ley Micaela», que establece la formación obligatoria en materia de género para todas las personas que desempeñan funciones públicas (2018); la «Ley Brisa», para la reparación económica para hijos de las víctimas de feminicidio (2018); y la Ley sobre Paridad de Género en la Representación (2017).

Sin embargo, pese a mejorar el marco institucional y normativo, muchas de estas leyes no cuentan con plena —o mínima— aplicación al día de la fecha. ¿Cuáles son los principales puntos de alerta para CEDAW?

Violencia de género

Los altos niveles de feminicidio se suman a un aumento de crímenes de odio contra personas LGBTIQ+ y de violencia doméstica. A su vez, la falta de información y seguimiento de casos desde el Estado limita su capacidad para diseñar estrategias y políticas basadas en datos empíricos. En este punto, el Comité llamó la atención sobre la reducción de asignaciones presupuestarias, por ejemplo, en el Programa Acompañar, que desde su creación asistió a más de 350.000 mujeres en situación de violencia, según datos de Amnistía Internacional, y la Línea 144 que, entre 2019 y 2023, intervino en más de 93.000 casos. Además, advirtió la ausencia de un plan de acción nacional integral sobre la violencia de género, el aumento de la violencia digital, la débil aplicación de la Ley Olimpia y los recientes cambios normativos sobre el uso de armas de fuego. 

Acceso a la justicia

El cierre masivo de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) es uno de los puntos destacados: de los 105 centros que funcionaban en 2023, solo quedan 30. CEDAW insta a garantizar un acceso efectivo, asequible y físicamente accesible a la justicia para todas las mujeres en todo su territorio, restableciendo y reforzando la presencia territorial, la dotación de personal y la financiación de los CAJ y otros mecanismos de asistencia jurídica.

Mónica destaca otro ítem importante: el Comité CEDAW pide al Estado argentino retirar la propuesta de enmienda al Código Penal (expediente S 228/25) relativa a las denuncias falsas en casos de violencia de género. Como han expresado muchas organizaciones feministas en todo el país, esta reforma contribuye a una campaña de estigmatización sobre mujeres denunciantes de violencia y, por lo tanto, tiene el riesgo de disuadir a las víctimas de buscar protección, fomentando la criminalización. 

Ley Micaela

Se registra una disminución significativa de formaciones en igualdad de género desde 2024, con una fuerte reducción del número de funcionarios públicos formados y, paralelamente, de su aplicación en las instituciones públicas. Mientras tanto, lo que aumentó fue el discurso público contra las políticas de igualdad y defensoras de los derechos humanos de las mujeres, incluidas periodistas que cubren temas relacionados con la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y la violencia de género. CEDAW recomienda que el Estado garantice la aplicación plena y efectiva de la Ley n.º 27499, asignando recursos adecuados y presentando informes públicos sobre su cumplimiento.

Estructura institucional

CEDAW evalúa que la disolución del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad en diciembre de 2023 dio lugar a “la fragmentación de las responsabilidades, el debilitamiento de la coordinación interministerial y la reducción de la capacidad técnica dedicada al adelanto de los derechos de la mujer”. Solicita que se establezca un mecanismo institucional especializado de alto nivel para el adelanto de la mujer, a la vez que garantice asignaciones presupuestarias adecuadas, sostenidas y transparentes para las políticas y programas de igualdad de género.

Trata de personas

Eliminación del Fondo de Asistencia a las Víctimas de la Trata, falta de datos actualizados, modificaciones de la legislación en materia de migración que corren el riesgo de aumentar la exposición de las mujeres refugiadas y migrantes a la trata y la explotación, la persistencia de factores estructurales como la pobreza, las disparidades económicas, la falta de acceso a la ciudadanía y al empleo formal, y la criminalización de las mujeres en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica.

Paridad

Ante la baja representación de mujeres en altos cargos del Ejecutivo, la Corte Suprema y el servicio diplomático, así como en gestiones provinciales y municipales, CEDAW insta a acelerar la representación equitativa con criterios de selección transparentes y mecanismos de rendición de cuentas para eliminar las barreras estructurales que dificultan su participación.

Defensoras de DD. HH.

En medio de una prevalencia del discurso público estigmatizador hacia defensoras de los derechos humanos, una creciente criminalización y acoso judicial, así como uso excesivo de la fuerza, CEDAW pide que se reconozca públicamente y proteja el papel legítimo y esencial de las defensoras de derechos humanos, feministas, activistas con discapacidad, mujeres periodistas, ambientalistas, indígenas y cuidadoras comunitarias, garantizando que las autoridades públicas se abstengan de realizar discursos que deslegitimen su labor.

Educación

La principal preocupación gira en torno a la falta de aplicación plena y efectiva de la Ley de Educación Sexual Integral en todas las provincias, solicitando que se asignen presupuestos adecuados y sostenidos, que se restablezca la formación periódica de docentes y las iniciativas preventivas como el programa «Educar en Igualdad». También se expide sobre la necesidad de financiar el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Deseado en la Adolescencia (Plan ENIA), que había contribuido a reducir en un 50% la tasa de embarazo adolescente entre 2018 y 2023. 

Empleo

Todavía no se había aprobado la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y sus aliados cuando la ONU advertía que la desregulación laboral de los últimos dos años podía dar lugar a retrocesos en los derechos laborales de las mujeres, la seguridad en el empleo y las protecciones de la negociación colectiva. Incluso, solicita al Estado que adopte medidas para “reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de cuidados no remunerado a fin de facilitar la participación equitativa de las mujeres en el mercado laboral”.

Salud, IVE e ILE

CEDAW señala la necesidad de revisar y fortalecer el sistema de salud pública para eliminar las disparidades significativas entre las provincias y abordar los obstáculos que impiden el acceso efectivo de las mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva. A su vez, pide garantizar el acceso efectivo al aborto seguro y legal con un trato respetuoso y una atención adecuada en todo su territorio.

Cabe destacar que el documento también incluye recomendaciones específicas para el acceso a derechos de quienes viven una situación de mayor vulnerabilidad: mujeres y niñas con discapacidad, privadas de la libertad, refugiadas, solicitantes de asilo, migrantes e indígenas.

Imagen de portada: Ana Medero para La tinta.