Llega la primavera y nos envuelve el color verde: septiembre es el mes de Acción por el Aborto Legal y Seguro en Latinoamérica. En Argentina, se acaba de estrenar la película Belén, dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, que cuenta la historia de una joven de Tucumán que pasó tres años presa injustamente, acusada de cometer un aborto ilegal. El caso de Belén y la masiva movilización en su apoyo se convirtió en un emblema de la lucha contra el patriarcado judicial y la criminalización de mujeres que deciden sobre su cuerpo. Soledad Deza fue la abogada que acompañó el caso y, en ese momento, integraba Católicas por el Derecho a Decidir. Conversamos con la organización que se puso a disposición de la causa y que hoy continúa trabajando para garantizar el acceso al derecho de decidir.

La conquista de la gran marea verde lleva seis años de vigencia y atravesó dos gestiones de gobierno de distinto signo político. Esta es la segunda vez que vamos a pasar un 28S —Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro— con la administración de La Libertad Avanza. ¿Qué está pasando en Argentina?

Desde su sanción en 2020 y reglamentación en 2021, la Ley 27610 garantiza en nuestro país la posibilidad de acceder a una Interrupción Voluntaria del Embarazo. La IVE establece el derecho a abortar hasta la semana 14 de gestación inclusive. A partir de la semana 15, es posible acceder a la ILE (o aborto por causales) si el embarazo es producto de violencia sexual o pone en riesgo la salud integral (física, mental o social).

Conversamos con Católicas por el Derecho a Decidir Argentina (CDD) para tener un panorama actual sobre la aplicación y las condiciones de acceso de esta ley que llevó tantos años y calles conseguir, y que sigue amenazada por los mismos sectores de siempre.

“Depende de dónde te toca nacer, a qué derecho accedés”

Ana Morillo coordina el área de Salud de CDD. Desde allí, sostienen acciones como el programa “Rodando derechos”, que trabaja con gobiernos locales en cuatro provincias: La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero y Córdoba. A su vez, realiza monitoreos, capacitaciones y fortalecimiento de equipos en otras jurisdicciones, donde articulan con organizaciones y áreas de salud que trabajan por el derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, y la salud sexual y reproductiva.

Ante la pregunta por el acceso a la IVE en la actualidad argentina, Morillo no duda: “La primera palabra que diría es desigual”. La falta de provisión de insumos desde nación a las provincias y Ciudad de Buenos Aires genera una disparidad de realidades y, en muchos lugares, las personas usuarias de salud tienen que comprar su propia medicación o ser derivadas a otras jurisdicciones.

“Las provincias se tienen que hacer cargo de la compra de insumos y hay dos factores que inciden en esto: por un lado, las posibilidades económicas de las provincias, ya que algunas tienen muchos más ingresos que otras. Y, por otro lado, la decisión política que toma cada ministro de Salud en comprar o no sus insumos, entre todo el volumen de provisiones que tiene que adquirir. Hoy, si algo define la aplicación de la ley es una tremenda desigualdad en nuestro país. Algo que ya hemos vivido otros años. Depende de dónde te toca nacer, a qué derecho accedés”.

Desde CDD, destacan que esta situación se enmarca en un panorama generalizado de vulneración de derechos por parte del Estado, donde diversos sectores atraviesan una crisis multidimensional: «En este gobierno, hay una decisión de dejar morir por muchas razones y también por aborto. Es una decisión política: no intervengo, no compro insumos, no compro tratamientos. Y el aborto entra, como tantas enfermedades y condiciones que requieren un acompañamiento estatal».

Ana detalla cómo, en manos de las provincias, las posibilidades de acceder a la IVE/ILE son diversas y no solo dependen del nivel de ingresos de cada territorio: “Hay provincias muy pobres en términos económicos, por ejemplo, Formosa, pero que sí compran Misoprostol. Por eso, son dos cosas distintas, la decisión política y la cuestión económica”. ¿Es posible advertir qué factores intervienen en las decisiones de quienes ejecutan la política pública? “Hay ministros de salud que no están personalmente cerca de acompañar el derecho, pero han entendido que el movimiento es muy fuerte como para retroceder. Han entendido que es un avance de la humanidad, que no se puede vivir peor que antes. Y, por otro lado, también evalúan que la atención de los abortos inseguros es más cara que comprar insumos de salud. O sea, las mujeres abortan lo mismo y van a seguir abortando”.

“Si no están informadas, las personas nunca van a ir a un servicio a pedir un aborto”

La falta de medicación distribuida a nivel nacional también implica una ausencia de datos relevados respecto a su uso: sin insumos, no solo desaparece el recurso material, sino también el monitoreo público sobre el alcance e impacto de esa política. Durante el mandato de Javier Milei, a la vez que se implementó el proceso de vaciamiento, paralización y desfinanciamiento estatal, se potenció una persecución al movimiento feminista y los dichos públicos contra la IVE/ILE. Simultáneamente, se refuerza una estrategia de desinformación: instalan la amenaza de derogar la ley, circulan fake news y se abandonan campañas públicas de promoción de la salud, repercutiendo en las vidas de millones de personas.

“Antiderechos hay en todo el sistema de salud, en todo el país. Lo que hoy está sin dudas más exacerbado es la falta de información clara», sostiene Ana. “Tenemos un mensaje a nivel nacional con una pretensión de hacer caer la ley y creo que ese tipo de expresiones generan dudas en las mujeres. ‘¿Estará vigente el aborto? ¿Seguirán atendiendo?’. El mensaje muy fuerte en contra del derecho y la falta de información es el primer obstáculo. Si no están informadas, las personas nunca van a ir a un servicio a pedir un aborto”.

Marina Gudiño es representante del área de litigio de CDD y forma parte de la Guardia Feminista de Abogadas, un espacio de litigio estratégico que, desde 2017, tiene el objetivo de democratizar la ley desde un paradigma de género y derechos humanos. En diálogo con La tinta, comenta que hubo un aumento de consultas en relación al acceso a los abortos legales y voluntarios: “En todas las provincias, las compañeras van recibiendo consultas en relación a cómo acceder o para comentar los impedimentos con los que se enfrentan. Uno de los principales obstáculos tiene que ver con el secreto profesional o la confidencialidad, sobre todo en los lugares más pequeños. Muchas usuarias de salud a veces prefieren no hacerse atender en sus lugares de residencia por miedo a que esto se comente y se filtre esta información por parte del personal de salud o administrativos que atienden en los hospitales”. Marina señala que esta problemática se relaciona con la desinformación y los discursos de odio contra las personas que exigen o acceden a estos derechos, que se difunden desde las esferas del Estado y generan confusión en la comunidad.

En este marco, cobra relevancia el impulso sostenido durante décadas por las organizaciones feministas, el trabajo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y la fuerza de las movilizaciones durante la “marea verde”. “Creo que logramos tanta difusión y tanta presencia que todas las mujeres supieron que había una pastilla abortiva. No es lo mismo que antes del 2018. Esa información es la que da poder a las mujeres”, señala Ana Morillo.

Como dice Marina Gudiño, contra la desigualdad que produce el Ejecutivo nacional, hay mucho por hacer: “Me parece muy importante volver a poner el foco en hacer pedagogía de la Ley 27610, que las personas sepan que la ley está vigente, que abortar es un derecho. Es necesario que la sociedad y, sobre todo, las mujeres y las personas con capacidad de gestar sepan que la ley está vigente y que pueden también recurrir a profesionales de la salud que la garanticen de manera comprometida y legal, como también a la Guardia de Abogadas para tener información y para destrabar aquellas obstaculizaciones que se presentan en los centros de salud”.

La abogada también detalla que actualmente existe una acción presentada en la Justicia Federal donde se reclama la falta de presupuesto de nación: “Es una acción colectiva y muchas organizaciones nos vamos a presentar para adherir, pero como el Gobierno nacional ha recurrido esta acción, hasta que esa situación no se resuelva, las otras organizaciones no podemos presentarnos. Es decir, no solo no habilita el presupuesto, no hay acceso a información, sino que además obstruye la continuidad de este proceso que es clave para que este reclamo llegue a la Justicia y se resuelva por esa vía”.

¿Cuál es la situación en Córdoba?

Durante las anteriores gestiones nacionales, los equipos de salud pública de Córdoba recibían cuatro botiquines de salud sexual por año. Los insumos dejaron de llegar en la era Milei: en 2024 y 2025, la nación envió remanentes de años anteriores, insuficientes para la tarea de los equipos de salud.

En este panorama, el gobierno cordobés apuesta por cumplir la ley. “La Provincia compra y no falta medicación”, explica Morillo. A su vez, a nivel municipal, hay alrededor de 80 servicios de aborto y Ana relaciona esta atención con una mejora en la salud sexual, el acceso a información y a métodos anticonceptivos orales, inyectables o implantes.

“Me animo a decir que en Córdoba capital se ha disminuido la atención pública de abortos y aumentó la de métodos anticonceptivos de larga duración. Para mí, está totalmente vinculado, porque el acompañamiento nunca es trabajar sobre aborto solo. Siempre lo dijimos, se trata de mejorar la accesibilidad en métodos anticonceptivos, que por supuesto disminuyen el riesgo de un embarazo no deseado”, detalla Morillo, destacando que la tendencia local guarda un vínculo estrecho con el movimiento feminista y el trabajo en red de diferentes organizaciones que, lejos de conformarse con la sanción de la ley, siguen motorizando su plena efectividad.

Católicas por el Derecho a Decidir advierte que el patrón de la desigualdad territorial se replica en la provincia y en las comunidades pequeñas se profundizan las problemáticas antes descritas: “Siempre en los lugares más alejados de los grandes centros urbanos el acceso es mucho más limitado y, en Córdoba, sucede lo mismo. Y la realidad varía también de acuerdo a las características de los territorios. En zonas que quizás son más conservadoras, el acceso también se ve más limitado. Uno de los grandes problemas en las localidades pequeñas tiene que ver con el temor de las usuarias a que esa consulta o esa práctica médica sea conocida por el resto de la comunidad. Y lo mismo se puede decir con el acceso a la información. Si bien podría circular de manera mucho más rápida porque son menos personas, es más limitado porque hay cierto temor a decir que esto es legal”, explica Marina.

Con un Gobierno nacional que promueve la desigualdad entre territorios y regiones tan diversas como las de Argentina, la implementación de la Ley 27610 y su importancia para el desarrollo de una salud integral se respalda en los equipos locales de salud, las organizaciones y una fuerte articulación entre la sociedad civil, profesionales, municipios, comunas y provincias. Mientras la película Belén ronda los cines argentinos, volvemos a remarcar que las injusticias retratadas todavía existen y la resistencia sigue siendo colectiva y feminista.