Este informe monitorea la implementación de la Ley Micaela en los poderes judiciales de Argentina, examinando el cumplimiento de la capacitación obligatoria en género. El documento revela una falta de transparencia generalizada en la respuesta de los poderes judiciales a solicitudes de información pública sobre la implementación de la ley. A pesar de que la mayoría de las jurisdicciones iniciaron capacitaciones, se observan demoras significativas y niveles variables de personal capacitado. Finalmente, el informe analiza casos judiciales con fallos carentes de perspectiva de género, destacando la urgencia de una aplicación efectiva de la Ley Micaela para garantizar el acceso a la justicia con un enfoque feminista.
