En un contexto de ajuste, desfinanciamiento y retrocesos, las personas con discapacidad enfrentan nuevas barreras para ejercer sus derechos, incluidos los sexuales y (no) reproductivos. Frente a la ausencia del Estado, la sociedad organizada expone el abandono mientras sostiene y exige el cumplimiento de las leyes y acuerdos internacionales.

El 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, nos convoca a recuperar una pregunta fundamental: ¿quiénes acceden realmente a sus derechos en la Argentina de hoy, y quiénes quedan cada vez más lejos de ejercerlos? La respuesta, atravesada por el ajuste, el desfinanciamiento y el vaciamiento de políticas públicas, expone una desigualdad estructural que golpea con más fuerza a quienes necesitan más apoyos para vivir con autonomía y dignidad.

Para las personas con discapacidad, el acceso a la salud, la educación, el trabajo y a condiciones materiales para una vida autónoma sigue siendo una carrera de obstáculos. A esto se suma una deuda histórica en el reconocimiento efectivo de sus derechos sexuales y (no) reproductivos, todavía atravesados por estigmas, violencias, prácticas de control y decisiones tomadas por otros y otras. La posibilidad de elegir sobre el propio cuerpo, los vínculos, los proyectos de vida y la maternidad o no maternidad continúa siendo, para muchas personas con discapacidad, un derecho formal que rara vez se convierte en realidad.

En este escenario, la ausencia del Estado no es abstracta: se materializa en pensiones suspendidas, programas desmantelados, equipos técnicos desarmados, demoras en los pagos, falta de accesibilidad en los sistemas de información y un discurso oficial que niega o minimiza las desigualdades. La política de ajuste profundiza las exclusiones y desplaza a las personas con discapacidad a los márgenes de la política pública.

Frente a este vaciamiento, las organizaciones de la sociedad civil, los colectivos de personas con discapacidad, las redes feministas y de derechos humanos sostienen la exigibilidad de derechos. Con denuncias, movilizaciones, litigio estratégico y construcción comunitaria, mantienen viva una agenda que el Estado intenta borrar.

En este contexto regional y nacional de retrocesos, la reciente Sexta Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe (CRPD), realizada en la CEPAL, volvió a poner sobre la mesa datos urgentes, silencios preocupantes y demandas impostergables.

Un encuentro regional que expone abandonos, silencios y retrocesos

La reunión tuvo como objetivo dar seguimiento al Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, considerado el acuerdo regional más avanzado en materia de derechos humanos, igualdad, autonomía y justicia social. En esta edición, la Secretaría Técnica presentó el documento “Las personas con discapacidad: de la visibilidad estadística al ejercicio de derechos”, elaborado por CELADE/CEPAL con apoyo de UNFPA, que detalla la profundidad de las desigualdades que enfrentan las personas con discapacidad en la región y advierte sobre la insuficiencia de los marcos normativos si no se traducen en políticas con financiamiento, accesibilidad y participación.

Participaron representantes gubernamentales, organismos del sistema de Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil. Argentina estuvo presente, aunque no realizó intervenciones ni presentó información nacional, marcando un silencio llamativo frente a un tema que hoy ocupa un lugar central en la agenda pública por los recortes, las suspensiones de derechos y el deterioro de las políticas destinadas al sector.

Los datos que incomodan: brechas estructurales que persisten

El documento de CEPAL reafirma que las personas con discapacidad constituyen aproximadamente el 6,5% de la población de América Latina y el Caribe. A pesar de algunos avances en la producción de datos, las desigualdades estructurales persisten: mayores tasas de analfabetismo y abandono escolar, niveles de empleo hasta 20 puntos porcentuales más bajos que la población sin discapacidad —con un impacto aún mayor en mujeres— y una presencia sistemática de pobreza multidimensional en los hogares donde vive al menos una persona con discapacidad.

El informe también advierte que, en muchos países, los marcos normativos no están acompañados por presupuestos suficientes, mecanismos de monitoreo ni procesos efectivos de rendición de cuentas. Aunque varios Estados incorporan las preguntas del Grupo de Washington en sus relevamientos, persisten serias dificultades de comparabilidad, accesibilidad e incorporación de enfoques interseccionales. Sin cambios estructurales, la región no cumplirá las metas vinculadas a igualdad, trabajo decente, accesibilidad e inclusión de aquí a 2030.

La sociedad civil alza la voz: demandas, alertas y prioridades

Durante la apertura del encuentro, redes feministas y organizaciones sociales de toda la región presentaron el Saludo de la Sociedad Civil, en el que subrayaron la necesidad de fortalecer el multilateralismo, asegurar financiamiento sostenible, proteger los derechos adquiridos y enfrentar el avance de discursos antiderechos. Entre las prioridades señaladas se destacó la construcción de un multilateralismo con sentido transformador, la preservación de la postura progresista de la región rumbo a la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de 2026 y la garantía de una participación sustantiva de las organizaciones sociales en los debates sobre posibles reformas institucionales en los organismos internacionales.

Las organizaciones denunciaron, además, la persistencia de barreras actitudinales, materiales y estructurales que limitan el ejercicio de la autonomía, el acceso a la justicia, la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. En particular, señalaron que las dificultades para acceder a información, servicios de salud sexual, anticoncepción, interrupción del embarazo y apoyos adecuados siguen siendo una de las formas más persistentes de violencia estructural hacia este colectivo.

Durante el segundo día de la Conferencia, Verónica González, de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), expuso sobre las limitaciones actuales de los sistemas de información y de las políticas públicas. Señaló que en la región aún predominan enfoques anclados en el paradigma médico, especialmente en los sistemas de protección social y en los procesos de certificación, donde se continúan midiendo deficiencias individuales en lugar de barreras estructurales.

González remarcó la necesidad de garantizar la participación activa de la sociedad civil en la elaboración de instrumentos estadísticos, así como de asegurar la capacitación de quienes recolectan los datos y la accesibilidad de la información producida. También enfatizó la importancia de avanzar hacia la adopción de los indicadores desarrollados por ALAMUD, para que la incorporación de la discapacidad en los informes regionales no dependa de la voluntad política de los gobiernos, sino de estándares sostenibles orientados por los derechos humanos.

Argentina: del liderazgo regional al silencio oficial

Argentina fue históricamente reconocida por su rol pionero en la incorporación de las preguntas del Grupo de Washington en censos nacionales. Sin embargo, la lista breve presenta limitaciones significativas, ya que no identifica adecuadamente a personas con barreras psicosociales, intelectuales o físicas viscerales. A esto se sumaron, en el último censo, fallas de accesibilidad, ausencia de enfoque interseccional y relevamientos centrados en hogares en lugar de personas.

Este escenario técnico se ve profundamente agravado por el contexto político nacional. Aunque el Congreso rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, el gobierno continúa sin implementarla. En paralelo, la Agencia Nacional de Discapacidad atraviesa graves denuncias de corrupción y malversación, mientras se multiplican las suspensiones arbitrarias de pensiones, las demoras en los pagos, la reducción de equipos técnicos y la paralización de programas fundamentales.

Este vaciamiento también impacta de forma directa en el acceso a la salud sexual y reproductiva: faltan apoyos, información accesible, acompañamientos adecuados y garantías para que las personas con discapacidad puedan decidir sobre sus cuerpos y sus proyectos de vida sin violencias, sin tutelas forzadas y sin discriminación.

Entre la desprotección estatal y la resistencia social

La combinación de silencio institucional, retrocesos normativos y crisis administrativa evidencia un abandono sistemático de las responsabilidades del Estado en materia de discapacidad. Cuando el Estado se retira, no solo se afectan ingresos, programas o instituciones: también se debilitan las condiciones para que las personas con discapacidad ejerzan su autonomía, su sexualidad, su derecho a decidir y a vivir una vida libre de violencias.

A pesar de este escenario, el movimiento de personas con discapacidad en Argentina se mantiene firme y activo. Redes, organizaciones, colectivos, grupos de familias y espacios de derechos humanos sostienen denuncias, acciones judiciales, campañas de visibilización, movilizaciones y articulaciones comunitarias que funcionan como un contrapeso democrático frente al desmantelamiento de las políticas públicas.

Defender los derechos de las personas con discapacidad también es defender su derecho a decidir, a desear, a maternar o no maternar, a construir vínculos y proyectos propios. En esa defensa, hoy, las organizaciones siguen siendo un sostén imprescindible frente a un Estado que se corre.