Por Soledad Deza*

Estamos a las puertas del reconocimiento histórico de un derecho: el derecho a decidir soberanamente sobre nuestros procesos reproductivos.

724 expositores a lo largo de muchos martes y jueves transparentaron lo que hace tiempo los feminismos ponen en debate: la sexualidad es política y la reproducción, también. Nuestros cuerpos no terminan de pertenecernos y estamos asistiendo a una encrucijada histórica donde Legisladores de todo el arco político debaten si atemperar un poco los mensajes patriarcales violentos –el de maternidad obligatoria es uno de los tantos- inscriptos con años de historia y amenaza de cárcel. Son fibras neurálgicas de una sociedad desigual las que se están tocando y por ello son muchas las voces que se alzan para construir los sentidos de este derecho o bien, para obstruirlo.

Infelizmente la disputa religiosa en torno al aborto confundió los términos del debate político en los últimos años en América Latina y facilitó que los sectores que sistemáticamente se opusieron a la ampliación de derechos desplacen la discusión sobre legalización y despenalización desde el campo de la autonomía al del “inicio de la vida”, y en esa estrategia se autoproclamen únicos “defensores de la vida” en alusión a la vida fetal. Es útil recordar que son estos mismos sectores los que se opusieron al uso del preservativo cuando estalló el VIH, los que pugnan para que la ESI (Educación Sexual Integral) no se implemente en las Escuelas, los que se niegan la provisión gratuita de anticonceptivos, los que imponen la maternidad a niñas violadas, los que resistieron que la institución del matrimonio sea igualitaria y los que llamaron “antinatural” al reconocimiento de la identidad de género. También los mismos sectores que hace un siglo se negaban a que las mujeres estudiemos y hace menos tiempo, a se oponían a que votemos. Por eso las feministas los llamamos anti derechos y no nos ofendemos cuando nos llaman asesinas.

Afortunadamente los discursos oídos en el Congreso además de evidenciar un ejercicio democrático histórico, transparentaron que mientras quienes activan por la legalización y despenalización del aborto cuentan con argumentos jurídicos, éticos, científicos y morales serios; aquellos que pugnan por conservar el status quo de penalización para la mujer rebobinan una y otra vez el remanido “hay vida” -insuficiente para justificar cualquier instrumentalización si la dignidad de la persona de verdad importa- acompañado de “maldiciones” rosarinas, desconocimiento de las cifras oficiales y falacias de ciencia.

La objeción de conciencia ya se perfila como la vedette por las múltiples caras que adopta. En su voz más sofisticada se escuchó en reiteradas oportunidades decir “legal si, gratuito no” en lo que podría aproximar una objeción económica o financiera. Y es que si, la objeción también forma parte de una política más macro que impugna el autogobierno de los cuerpos. Molesta la autonomía de las mujeres porque el derecho a abortar supone el reconocimiento estatal de la fecha de vencimiento de uno de los mandatos más cultivados en nuestra sociedad: el de la maternidad natural. En definitiva, en el debate de legalización del aborto está en juego algo que los feminismos vienen diciendo desde hace mucho tiempo: nadie nace para ser madre.

El aborto es un dato fáctico de nuestra realidad social, no importa cuánto busque ocultárselo. Las cifras del Ministro de Salud fueron contundentes: poder decidir abortar, al menos en el primer trimestre, es una necesidad y por ello, debe ser un derecho.
Confiemos en que nuestro Congreso esté maduro para resistir las presiones y para estar a la altura de las circunstancias éticas que demandan deponer las propias creencias religiosas y legislar para que quepan en nuestra sociedad todos los planes de vida, aún aquellos con los que no acuerdan. Detrás de este reclamo de justicia reproductiva hay lucha, sangre, soberanía, vida, muerte, salud y libertad de miles de mujeres. Argumentos para votar a favor sobran, agallas es lo que se necesita.


*Soledad Deza es abogada, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir Argentina, Coordinadora del Área de litigio.