A raíz de las declaraciones del Senador Aníbal Fernández en el diario «Tiempo Argentino» en referencia a la imposibilidad del tratamiento la ley de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo desde la designación de Jorge Bergoglio como Papa,quienes formamos parte de la Alianza de Abogad@s por los DDHH de las mujeres queremos resaltar que la actual legislación penal es una norma que lejos de impedir que las mujeres aborten, solo dificulta su vida, exponiéndolas a maltratos y a perjuicios en su salud.
El Estado argentino ha ratificado tratados internacionales que lo obligan a respetar los Derechos Humanos de mujeres, adolescentes y niñas. En la actualidad la prohibición del aborto posibilita que se las someta a tratos inhumanos, crueles y degradantes, negándoseles el acceso a la salud sin sufrir discriminación. La designación de un argentino al frente del Vaticano no suprime las obligaciones de nuestro país, ni la responsabilidad internacional del Estado.
Tomar en serio la ciudadanía de las mujeres exige que nuestros representantes asuman las responsabilidades de las transformaciones que son necesarias, dejando de lado las excusas y el oscurantismo, y debatan en el Congreso Nacional con el fin de generar leyes que respeten los derechos humanos, la dignidad y la inclusión social asegurando un efectivo acceso de los sectores más vulnerables al sistema de salud.
Por estas razones desde la Alianza de Abogad@s por los DDHH de las mujeres alentamos a la continuación de este debate, que ya es público, en el Congreso de la Nación y esperamos que quienes nos representan estén a la altura de una sociedad democrática y plural que merece que los temas que involucran la violación de derechos fundamentales sean abordados más allá de que se encuentren vedados por determinadas estructuras de poder o religiosas.
ALIANZA NACIONAL DE ABOGAD@S
POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES.
Argentina, 9 de abril de 2013
