Argumentos y condiciones para mejorar prácticas en el ámbito de la salud

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Con la presencia de especialistas de extensa trayectoria académica en problemáticas relacionadas a los derechos sexuales y reproductivos tuvo lugar en Córdoba, los días 3 y 4 de noviembre, el Seminario de Actualización “Estrategias para el acceso al aborto legal y seguro” organizado por Católicas por el Derecho a Decidir, la Facultad de Ciencias Sociales de la U.N.C. y la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba –ADIUC-. Durante dos jornadas intensivas, docentes y profesionales integrantes de equipos de salud en instituciones públicas y privadas accedieron a información y recursos conceptuales, científicos, y técnicos para sortear las barreras que siguen obstaculizando el acceso al aborto legal.

Participantes provenientes de Formosa, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Santiago del Estero y Córdoba intercambiaron reflexiones respecto a las barreras que impiden este derecho en las diferentes provincias argentinas, y las diferentes estrategias implementadas para optimizar los recursos con que cuentan y garantizar la vida y la salud de las mujeres.

 

Estado laico garante de derechos

Una de las primeras intervenciones estuvo a cargo del sociólogo Juan Cruz Esquivel, quien abordó la laicidad para establecer en qué medida los valores religiosos condicionan el acceso a derechos de una sociedad amplia y diversa. Según Esquivel: “Un Estado autónomo de cualquier religión es la garantía central para poder garantizar múltiples derechos, entre ellos el de las mujeres a abortar”.

La disertación sugirió un análisis de la complejidad polisémica que requiere el abordaje de la laicidad, cruzado de diferentes variables Para identificar los obstáculos que anteponen creencias particulares al acceso a derechos de la población, el investigador de CONICET y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA propuso una serie de indicadores empíricos basados en conceptos claves como: la libertad de conciencia, la igualdad religiosa (neutralidad del Estado respecto a todos los credos), y la autonomía de lo político respecto de lo religioso. A partir de lo cual, realizó un pormenorizado detalle de cómo estos principios se plasman en la normatividad jurídica, la política pública y la cultura política.

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Junto a las y los asistentes repasó la legislación nacional, identificando situaciones como: la regulación del financiamiento educativo en instituciones confesionales; la obligatoriedad de registro oficial de todo culto que no sea católico; la inclusión de autoridades católicas en la línea sucesoria de la Presidencia de la Nación, entre otras. En cuanto a los marcos jurídicos provinciales se refirió a casos como el de Catamarca, en donde la adhesión a la Iglesia Católica es condición para acceder al cargo de gobernación, y el de Salta que establece educación católica obligatoria en toda la provincia.

Además, se analizó la aplicación de programas y políticas referidas a: fertilización asistida, anticoncepción, aborto, violencias, enfermedades de transmisión sexual, educación sexual integral, disidencias sexo-afectivas, igualdad de género, violencia de género y discriminación homofóbica, cupo femenino, etcétera. También se identificaron subsidios o beneficios que son vehiculizados a través de organizaciones religiosas y que suponen valores afines a dichas creencias, así como la existencia de espacios físicos o simbólicos de invocación religiosa en ámbitos públicos.

Esquivel destacó, sin embargo, que es la cultura política (no explicitada en leyes ni programas) el eje más relevante, aunque más difuso a la hora de analizar la laicidad de un Estado. Así, propuso revisar la promoción de la identidad nacional a través de símbolos religiosos, la participación de autoridades eclesiásticas en actos e inauguraciones públicas, la asistencia religiosa en espacios de reclusión o aislamiento, entre otras tradiciones de raigambre en el país.

 

“Sacar el aborto del placard” para superar la hipocresía y la desigualdad

Desde su experiencia como obstetra y presidente del Comité de Bioética del Hospital Italiano de Buenos Aires, Mario Sebastiani sostuvo que cientos de mujeres mueren anualmente en el país, víctimas del fundamentalismo religioso y la hipocresía política.

Denunció el texto del nuevo Código Civil que establece el comienzo de la vida humana en la concepción, como una “barbaridad” producto de las concesiones al poder religioso, y remarcó que no existe consenso científico al respecto. Para lo cual, desarrolló argumentos desde la viabilidad y el desarrollo neuronal, hasta aspectos teológicos y filosóficos que dan lugar a percepciones relativas. “El conflicto del aborto requiere de un enfoque multidisciplinario, sin posiciones taxativas”.

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Además, sostuvo que la interrupción de un embarazo no es una decisión irresponsable y egoísta, sino que responde a situaciones ambivalentes, reflexivas, consultadas, en las que las mujeres suelen priorizar un mejor cuidado por los hijos ya paridos.

Por otra parte, Sebastiani enfatizó sobre las condiciones de desigualdad en materia de derechos sexuales y reproductivos: “Embarazarse, gestar, parir, criar, abortar… todo les ocurre a ellas. Una de cada tres mujeres mayores de 45 años, ha transitado un aborto. Los varones no. La persecución, la condena, la discriminación, el riesgo lo sufre una misma porción de la sociedad”. Esta inequidad se agudiza en los sectores socialmente desfavorecidos. El acceso a un aborto medicamentoso ronda actualmente los 2500 pesos, una cifra que agudiza las barreras sociales y culturales de las mujeres pobres.

Con información estadística y científica, desestimó el prejuicio instalado desde grupos “anti-derechos” respecto de que la legalización del aborto generalizaría la práctica como método anticonceptivo. Actualmente, en Europa, Italia y Holanda han logrado una reducción hasta cinco veces menor a las cifras que España presenta en la materia.

Por último abogó por “sacar el aborto del placard”, obligar a la clase política a abandonar su zona de confort y responsabilizarla por las muertes de las mujeres que son víctimas de la clandestinidad.

 

Obstaculizar la ILE viola derechos y amerita una acción legal

Soledad Deza es abogada, Magister en Género, Sociedad y Políticas (FLACSO) y ha intervenido en causas como las de la joven tucumana, conocida bajo el seudónimo de “Belén”, encarcelada injustamente bajo la acusación de aborto.

Durante su intervención, esclareció aspectos legales sobre el derecho a la salud desde una concepción integral, y más específicamente respecto a salud sexual y reproductiva. Con los aportes y observaciones de las y los profesionales participantes, analizó los obstáculos institucionales o informales que suelen interponerse frente a los derechos de las pacientes en diferentes puntos del país.

En primer lugar hizo hincapié en la obligatoriedad por parte del equipo de salud de brindar información sobre diferentes alternativas terapéuticas ante un embarazo. Particularmente cuando se trata de una mujer víctima de violencia, observó que es indispensable ofrecerle opciones para su interrupción ya que puede presuponerse que esa gestación surja de una situación forzada. Igualmente cuando se trata de mujeres cuya salud psico-social se ve afectada. Aunque el o la profesional no acuerde con la práctica sí debe brindar la información, y garantizar la atención que la paciente solicite.

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En relación al aborto medicamentoso, Deza aclaró que la indicación de Mizoprostol como receta “off label” (uso por fuera de lo estipulado en su ficha técnica) está estandarizada como procedimiento por el Ministerio de Salud de la Nación para la interrupción de embarazos, y remarcó que más allá de las disposiciones provinciales, la legislación que rige es la nacional.

En dichos casos aclaró que quien realiza la práctica es la paciente, que resulta la agente moral de la intervención. En cualquier caso, observó que se debe registrar el consentimiento informado, por escrito y firmado.

Ante diferentes consultas de las y los asistentes, aclaró que si se tratara de una persona discapacitada, o que no contara con competencias suficientes para comprender el procedimiento, requerirá de un “sistema de apoyo” con personas de su confianza que la acompañen en la decisión. También destacó que una adolescente de dieciséis años puede consentir por sí misma una práctica no invasiva (si la misma no pone en riesgo su salud), bajo el principio de autonomía progresiva.

Así mismo insistió con asentar detallada y claramente las prácticas en la historia clínica, ya que además de ser la hoja de ruta de cada persona y un derecho que no se debe vulnerar, resulta una herramienta administrativa que sustenta y brinda cobertura a la práctica profesional en caso de judicialización.

En cuanto a las interconsultas, que muchas veces dilatan prácticas o especulan con retardar o modificar decisiones, insistió con que se trata de un derecho de la paciente y no debe considerarse un requisito.

Se refirió también al deber de confidencialidad, muchas veces violado por los equipos de salud que dan intervención a la justicia o que filtran información a la prensa.

En relación a la objeción de conciencia, la cuestionó como una práctica destinada a proteger minorías respecto del poder del Estado. Si bien se basa en un principio romántico, libertario, en el ámbito de los derechos sexuales, es usada de manera agresiva contra las mujeres.

En conclusión, reafirmó que en nuestro país, desde el año 1921, interrumpir un embarazo producto de una violación o que pone en riesgo la salud de una mujer, es una práctica garantizada por el Código Penal. Por lo tanto su negativa, retardo u obstaculización no sólo restringe la libertad reproductiva, sino que también constituye violencia institucional y es pasible de acciones legales.

Reflexionó sobre la complejidad de enfrentarse a sistemas anquilosados y el desafío de modificar conductas arraigadas junto a imaginarios sociales que no se condicen con la ley. Abogó por modificar el status quo en las instituciones de salud y por encontrar respuestas colectivas y articuladas para dar respuesta a prácticas más democráticas.

 

 

La maternidad forzada altera la vida de las personas y pone en riesgo su salud

La doctora Estela Maris Manzano tuvo la responsabilidad de acompañar a la joven que protagonizó la causa conocida como “F.A.L.” El caso dio lugar a un fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia en la que ratifica el alcance de las interrupciones legales de embarazos. Ginecóloga con años de experiencia en el Hospital Zonal de Trelew, Durante el Seminario en Córdoba, Manzano instaló una premisa provocadora: “En Argentina todos los abortos son legales”. La afirmación se basa, en primer lugar, en el hecho de que cualquier embarazo condiciona la vida de las personas, sus proyectos personales, sus decisiones profesionales, su economía, sus oportunidades. Desde un abordaje integral de la salud, puede concluirse de que ésta se pone en riesgo frente a la procreación.

Por otra parte, se refiere a los riesgos concretos por trastornos asociados al embarazo como anemia, hipertensión, diabetes, y preclamsia, entre otros, que en algunos casos llevan a consecuencias fatales. “Las mujeres somos los únicos seres humanos que podemos morir a consecuencia de un embarazo. Si desde el derecho se manifiesta que es inmoral exigir conductas heroicas, no se debiera obligar a las mujeres a atravesar ese riesgo. En defensa de la figura del ‘niño por nacer’, lo que realmente se objeta es la autonomía de las mujeres para decidir con libertad de conciencia”.

Se refirió también a la objeción de conciencia, y cuestionó que se acepte como un derecho médico. “La figura de objetor surge para absolver de una obligación a quien no haya elegido la conducta o situación que se le impone. Pero en el caso de la medicina se trata de una profesión paga y electiva. Es como si una persona eligiera la carrera militar pero se negara a usar armas o a participar en conflictos bélicos; o como si alguien decidiera realizarse un implante estético pero se negara a que le realicen transfusiones”.

Finalmente, la médica patagónica manifestó que quienes debieran ser acusados por poner en riesgo la salud de sus pacientes son los profesionales que se niegan a practicar abortos, y defendió a las mujeres que deciden responsablemente sobre sus vidas.

 

Multiplicar es la tarea

Entre las asistentes, María Corbalán (del Hospital Maternidad y Neonatología de Santiago del Estero), remarcó la importancia de contar con nuevas herramientas para intervenir en lo institucional y para incidir tanto en lo comunitario como en las políticas públicas.

Por su parte, Lucía Ledesma, formoseña, recordó su participación en el Monitoreo Social de Mujeres, coordinado por Católicas por el Derecho a Decidir y la desinformación que pudo registrar en ese contacto con pobladoras del Noreste del país. Afirmó que “el derecho al aborto no se mendiga. Tenemos que saber exigir, apoderarnos de esos derechos y transmitir la información a otras mujeres, incluso a los equipos de salud”.

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Para Fernanda Mónaco, de la Maternidad Monovalente de San Miguel de Tucumán, uno de los aportes más significativos del Seminario fue la posibilidad de compartir experiencias con participantes de otras provincias: “Nos permite construir, re-construir y de-construir prácticas y estrategias”. Así mismo destacó la importancia de profundizar en aspectos bioéticos: “Poder argumentar desde la bioética nos permite desarticular discursos estancos, pre-conceptos y pensamientos rígidos que obstaculizan el acceso a derechos”.

Miriam Toscano llegó desde La Rioja. Como referente provincial del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, concurrió con diferentes profesionales de su equipo, que ocupan lugares claves en la política provincial. “Se llevan mucha información, mucho conocimiento, contactos, y volvemos con la clara intención de multiplicar en La Rioja estos contenidos”.

Desde la Católicas por el Derecho a Decidir –coorganizadora de este seminario- Marcela Frencia se refirió a las deficiencias en la formación académica, que limita los conocimientos y argumentos de los y las efectores/as de la salud y los expone a ataques de los fundamentalismos religiosos. En tal sentido ponderó la cantidad de asistentes y la diversidad de perfiles que nutrieron esta concurrencia: profesionales de diferentes disciplinas, de distintos puntos de país, con rangos amplios de edades y experiencias muy diversas.

 

 

 

Texto: Pate Palero

Fotos: Sole Quadri

Producción general: Chicas en las Sierras

 

www.catolicas.org.ar