En el día de hoy, en continuidad con el debate iniciado el pasado 10 de abril – que contó con la presencia destacada de Marta Alanís, fundadora de CDD -, tuvo lugar la 2da audiencia pública a favor del Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la Cámara de Diputados de la Nación. Con la presencia de distintas personalidades académicas y de la cultura, se vertieron argumentos a favor del derecho de las mujeres a la interrupción de embarazos no deseados. 

En esta oportunidad, las abogadas Soledad Deza (Tucumán) y Mónica Menini (Salta), integrantes de Católicas por el Derecho a Decidir participaron de la jornada partiendo, en cada una de sus intervenciones, de las dificultades e implicancias en el acceso al aborto, la criminalización y la ineludible responsabilidad de los diputados y diputadas de bregar por la vida y la libertad de las mujeres a la autonomía reproductiva.

Sé de la indignidad de mendigar en un hospital público un aborto que es legal hace 100 años y sé también del Patriarcado clasista que opera judicialmente nuestros cuerpos, porque he defendido -además de a Belén- a otras mujeres acusadas de aborto, como “María Magdalena” que luego de ser denunciada por sus médicas, estuvo 3 años imputada de aborto hasta que logró su sobreseimiento”, manifestó Deza en su intervención, haciendo referencia a los argumentos esgrimidos para negarse a legislar en este tema aduciendo que las mujeres no se enfrentan, en los hechos, a condenas efectivas por casos de aborto.

Sole en Diputados
Con datos sobre causas penales en la provincia de Tucumán, Soledad puso sobre la mesa los efectos de la penalización sobre las mujeres y las causas que llevan a entender la necesidad de la legalización. “Legalizar el aborto es defender la vida, porque “vida” no es un concepto estrictamente biológico reservado exclusivamente para la valoración ética, religiosa o moral de un embrión. Vida es también un concepto vinculado directamente con la idea de “calidad de vida” y se pone en crisis cada vez que una mujer que cursa una gestación no deseada se enfrenta a la imposición de un plan de vida heterónomo o a un aborto inseguro”.

Por su parte, Mónica Menini manifestó los obstáculos por los que atraviesan las mujeres, especialmente aquellas más vulnerables, a la hora de interrumpir un embarazo no deseado. “Venimos a hablar de despenalización que es sacar al aborto del código penal como delito hasta la semana 14 de embarazo, más también venimos a hablar de legalización que significa que el Estado garantice esta práctica. He acompañado a muchas mujeres y también niñas que han encontrado muchos obstáculos para acceder a un aborto. Una niña wichi, a quien llamamos Juana, fue violada teniendo 12 años y siendo discapacitada. Cursó su embarazo hasta los 7 meses. Recién a los 7 meses le hicieron una ecografía y nos vinieron a decir que estaba embarazada y que además estaba cursando un embarazo anencefálico”. Los jueces no tomaron declaración a Juana, imposibilitada de manifestar libremente su voz en su lengua originaria. Tampoco tuvo acceso a un equipo interdisciplinario que acompañara su decisión. Alto La Sierra, comunidad de origen de Juana cuenta con un sólo médico, contratado en condiciones precarias.

La realidad muestra que son múltiples las barreras que enfrentan las mujeres, especialmente en las provincias, para acceder – aún bajo el sistema de causales actuales – a una práctica respetuosa de sus derechos más elementales. Moni en diputados

Proveniente de una provincia que cuenta con la mayor diversidad étnica de nuestro país, Menini dio por finalizada su intervención en Diputados, con un especial pedido: “legalicen el aborto para las mujeres que hablamos castellano, pero también legalicen el aborto para las argentinas que hablan wichi, chorote, guaraní, toba, mapuche. Muchas gracias por escuchar, que ya era hora”.

La igualdad, la autonomía sobre el propio cuerpo, la ciudadanía plena, la justicia social, la laicidad del Estado, la vida y la salud de las mujeres argentinas, se ponen en juego en este debate histórico que durará dos meses hasta su dictamen. “Votar a favor de la legalización del aborto no supone acordar moralmente con el acto de abortar, sino sincerarse como representantes de la sociedad -y de cara a las mujeres- si quien decide abortar dentro de las primeras 14 semanas merece estar presa”, concluyó Deza.

Quienes integramos Católicas por el Derecho a Decidir, nos sentimos orgullosas de ver a nuestras compañeras y aliadas participando en esta etapa de exposiciones con saberes, reflexiones y argumentos jurídicos, médicos, filosóficos y de derechos humanos que dan plena convicción de que es tiempo para que, finalmente, se salde la profunda deuda que la democracia mantiene con las mujeres en nuestro país.

 

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